El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó una orden de aprehensión contra el magistrado Romer Saucedo por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le otorgó seis días para reincorporarse a sus funciones.
Ministerio Público confirma investigación contra Romer Saucedo
El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, confirmó la existencia de una orden de aprehensión contra el magistrado Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La disposición fue emitida el martes 3 de noviembre por dos fiscales encargados de investigar los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Asimismo, Urioste informó que las investigaciones continúan bajo reserva debido a la participación de testigos protegidos.
Saucedo denuncia persecución política tras abandonar Bolivia
Romer Saucedo anunció mediante sus redes sociales que salió del país junto a su familia por considerar que su seguridad estaría en riesgo. Además, denunció una presunta persecución política y acusó al Gobierno de intentar desacreditarlo mediante procesos judiciales. Sin embargo, el Ministerio Público confirmó que existe una investigación en su contra. Por otra parte, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, vinculó públicamente la salida del magistrado con el caso del exfiscal general Roger Mariaca, aunque esa relación no ha sido establecida judicialmente.
Tribunal Supremo de Justicia otorga seis días para su reincorporación
El Tribunal Supremo de Justicia determinó conceder a Saucedo un plazo de seis días, conforme a la normativa vigente, para retornar a sus funciones en Sucre. En caso de incumplimiento, la institución analizará las acciones legales correspondientes ante un posible abandono del cargo. Cabe recordar que Saucedo presentó el 15 de octubre su renuncia a la Presidencia del TSJ, prevista para hacerse efectiva en enero de 2027, aunque manifestó su intención de continuar como magistrado. Mientras tanto, las investigaciones fiscales siguen en curso y se mantiene la presunción de inocencia.