La institución exige estudios técnicos, consulta previa a comunidades y mayor transparencia antes de aprobar el acuerdo con Uranium One Group.
Solicitud de medidas cautelares
La Defensoría del Pueblo presentó ante el Juzgado Agroambiental de La Paz una solicitud de medidas cautelares para suspender temporalmente el tratamiento legislativo del contrato de explotación de litio firmado entre el Estado boliviano y la empresa rusa Uranium One Group.
Exigen estudios y consulta previa
La entidad plantea detener los proyectos de ley relacionados hasta contar con estudios hidrogeológicos sobre la disponibilidad de agua en las zonas de explotación, cumplir con la consulta previa a comunidades afectadas y establecer normas que obliguen a evaluaciones ambientales estratégicas antes de aprobar acuerdos de este tipo.
Llamado a la transparencia
“La industrialización del litio debe adoptarse con la máxima transparencia, observando la normativa nacional e internacional y considerando seriamente los impactos sobre recursos hídricos y ecosistemas”, afirmó la institución, instando a la Asamblea Legislativa a actuar con responsabilidad y priorizar el interés nacional.
El contrato contempla una inversión cercana a los 970 millones de dólares para una planta con capacidad de producir 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Su reciente aprobación en comisión legislativa ha generado críticas por la falta de documentación técnica y financiera, así como protestas de sectores cívicos y sociales de Potosí.
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