El Gobierno de Rodrigo Paz presentó el martes 11 de agosto ante la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Inversiones compuesto por 103 artículos, que propone un nuevo modelo de promoción de capitales mediante seguridad jurídica, reducción de trámites, incentivos tributarios y mecanismos de asociación entre el Estado y privados.
Un nuevo esquema para atraer inversiones
El proyecto establece la elaboración de un Plan Nacional de Inversiones (PNI) cada cinco años, que definirá sectores prioritarios, metas de generación de empleo, proyectos estratégicos, innovación y transferencia tecnológica, además de objetivos para la inversión pública y privada. Entre las áreas priorizadas figuran la industrialización de recursos naturales, agroindustria, energías renovables, litio, minerales estratégicos con valor agregado, economía digital, inteligencia artificial, industria farmacéutica, turismo sostenible e infraestructura logística.
Agencia especializada y menos burocracia
La propuesta contempla la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), entidad que tendría la responsabilidad de evaluar y acompañar proyectos, coordinar con instituciones públicas y realizar seguimiento a las inversiones que reciban incentivos. También plantea una Ventanilla Única de Inversiones (VUI) para concentrar trámites y reducir los tiempos administrativos, con procedimientos que, en general, no deberían superar los 30 días hábiles. Para determinados proyectos, además, se prevé la figura de un Gestor de Proyecto que facilite la coordinación entre inversionistas y entidades estatales.
Beneficios condicionados al desempeño
Uno de los principales componentes es un sistema de créditos tributarios contra el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), condicionado al cumplimiento de metas de empleo, exportaciones, industrialización, innovación, compras nacionales, desarrollo territorial, sostenibilidad y reinversión. Los proyectos deberán alcanzar al menos 40 puntos para acceder al régimen, con beneficios que van del 25% al 80% del IUE, según su desempeño. El proyecto también incorpora incentivos arancelarios para determinados bienes de capital y establece reglas para las Alianzas Público-Privadas y el arbitraje, aunque mantiene fuera de estos mecanismos materias consideradas exclusivas del Estado, como la propiedad de recursos naturales estratégicos, potestades tributarias y regulatorias, seguridad, defensa y justicia.