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El alcalde de Oruro, Iván Quispe Gutiérrez, emitió el Decreto Edil N.º 221 de Optimización de Recursos Económicos y Humanos, una normativa que establece un control estricto sobre el gasto público y medidas de racionalización administrativa para asegurar la sostenibilidad financiera del municipio.

Fin a los privilegios y gastos innecesarios

La nueva normativa prohíbe de forma inmediata el uso de fondos públicos para financiar viajes de placer con viáticos, la dotación de teléfonos corporativos innecesarios y la compra de trajes para funcionarios. Asimismo, el alcalde Quispe enfatizó que la municipalidad dejará de funcionar como una «agencia de empleos» y eliminará cualquier gasto destinado al culto a la imagen de las autoridades, priorizando la inversión en necesidades reales de la ciudad.

Sostenibilidad y corrección administrativa

El Decreto Edil busca corregir actos de gestiones pasadas que, al margen de la normativa vigente, provocaron contingencias legales y laborales que afectaron la economía municipal. Con la implementación de este control administrativo, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro pretende sanear sus finanzas y garantizar que cada recurso económico sea utilizado con transparencia, evitando perjuicios financieros a largo plazo para la entidad.

» la alcaldía ya no será una agencia de empleos ¡Se acabó la gastadera…!» / Abg. Ivan Quispe Gutiérrez Alcalde del municipio de Oruro.

Enfoque en la eficiencia pública

La finalidad última de estas medidas de austeridad es precautelar la estabilidad de la institución y fortalecer los mecanismos de control del gasto. Según la autoridad edil, estas acciones responden a una necesidad de responsabilidad y pragmatismo ante la situación económica, asegurando que la optimización de los recursos humanos y financieros permita mejorar la prestación de servicios y la ejecución de obras para la población orureña.

Dato: El Decreto Edil N.º 221 establece medidas específicas de austeridad para frenar el gasto público en publicidad institucional y beneficios corporativos para funcionarios públicos.

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