Este viernes 13 de febrero fenece el plazo para que el Estado boliviano cumpla con el resarcimiento económico a una treintena de víctimas del caso ‘Hotel Las Américas’; de no concretarse un acuerdo, el proceso avanzará a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informó una de las víctimas en Sucre.

Operativo de 2009 y denuncias de violaciones de derechos humanos

El caso se originó tras la intervención policial de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis en el Hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra, el 16 de abril de 2009, donde murieron Michael Dwyer, Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi. En ese operativo también fueron detenidas varias personas, quienes denunciaron torturas y detenciones prolongadas.

CIDH declaró responsabilidad del Estado en 2024

Luego de un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2024 se estableció la responsabilidad del Estado por vulneraciones al derecho a la vida y a la integridad personal. Al no cumplirse las recomendaciones emitidas, el caso fue elevado a la Corte IDH para un fallo vinculante.

Plazo final para evitar juicio internacional

Juan Carlos Guedes confirmó que este viernes vence la última ampliación solicitada por el Gobierno para ejecutar las recomendaciones y alcanzar un acuerdo con las víctimas, con el objetivo de evitar un juicio internacional. De no existir cumplimiento, el Estado deberá enfrentar el proceso ante la Corte IDH.

Monto del resarcimiento y antecedentes favorables a las víctimas

Las víctimas demandan un resarcimiento de 700 mil dólares por persona y la reparación de daños materiales e inmateriales. Guedes sostuvo que ya obtuvieron fallos favorables en instancias internas y ante la CIDH, por lo que prevén un resultado similar en la instancia judicial internacional.

Recomendaciones pendientes de cumplimiento

Entre las medidas dispuestas por la CIDH figuran la compensación económica, atención en salud física y mental para las víctimas, una investigación penal diligente para esclarecer responsabilidades y programas permanentes de formación en derechos humanos para la Policía, el Ministerio Público y la Judicatura.