La semana comenzó con tensión en la sede de Gobierno debido a las marchas de cooperativistas mineros que rechazan el Decreto Supremo 5503. La Defensoría del Pueblo anunció un seguimiento permanente para garantizar el respeto a los derechos durante las protestas.
Contexto del conflicto
El país amaneció en un clima de inestabilidad tras el anuncio de movilizaciones contra el Decreto 5503, que elimina la subvención a los combustibles y ha provocado un incremento en los precios. La medida, impulsada por el presidente Rodrigo Paz, busca enfrentar la crisis económica y reducir el déficit fiscal acumulado.
Pese al descontento social, el Gobierno logró la noche del domingo un acuerdo con la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, evitando así el paro nacional previsto para este lunes. El presidente también sostuvo reuniones con distintos sectores para analizar la coyuntura.
Llamado al diálogo
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, destacó la apertura del Ejecutivo al diálogo y remarcó que la concertación es la única vía para evitar una escalada de la conflictividad social. Subrayó que cualquier medida debe resguardar la paz democrática y proteger los derechos de la población.
Marchas mineras y monitoreo defensorial
A pesar de los avances con otros sectores, la jornada comenzó con movilizaciones de cooperativistas mineros en La Paz. Callisaya aseguró que la institución velará por el respeto al derecho a la protesta pacífica y exhortó a los movilizados a evitar hechos de violencia que afecten a terceros.
“La Defensoría del Pueblo insta a que el Órgano Ejecutivo y los gobiernos subnacionales fortalezcan los espacios de diálogo”, señaló.
Protección a sectores vulnerables
El defensor anunció el despliegue de personal técnico para monitorear las marchas y afirmó que se priorizará la creación de un fondo solidario destinado a apoyar a las familias más afectadas económicamente por las recientes medidas estructurales.
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