Bolivia registró 212 conflictos activos en el segundo trimestre de 2026

La Defensoría del Pueblo presentó este lunes su segundo reporte trimestral de conflictividad, en el que se identificaron 212 conflictos activos y 34 anuncios de conflicto entre abril y junio de 2026. La Paz concentró la mayor cantidad de casos y los bloqueos fueron la medida de presión más recurrente en el país.

La Paz lidera la cantidad de conflictos

Según el informe defensorial, de los 212 conflictos registrados, 91 se produjeron en el departamento de La Paz, seguido de Cochabamba con 32, Santa Cruz con 23, Beni con 18, Potosí con 15, Oruro con 13, Tarija con 12, Chuquisaca con seis y Pando con dos.

El reporte también señala que durante el periodo analizado se identificaron otros 34 conflictos que quedaron en fase de anuncio y no llegaron a concretarse.

Los bloqueos fueron la principal medida de presión

La Defensoría del Pueblo informó que los bloqueos encabezaron la lista de medidas de protesta con 89 registros. Le siguieron las marchas con 43 casos, los mítines de protesta con 22, los paros con 18, los estados de emergencia con 16 y las tomas de instituciones con nueve.

En menor proporción también se registraron enfrentamientos, vigilias, huelgas de hambre y un cacerolazo, reflejando la diversidad de formas de movilización utilizadas por distintos sectores sociales.

Predominaron los conflictos por política y gobernanza

La mayor parte de los conflictos estuvo relacionada con temas de política y gobernanza, con 141 casos vinculados a la gestión administrativa, cuestionamientos a autoridades, desabastecimiento de combustibles, demandas de renuncia y otros asuntos de gestión pública.

Respecto a los derechos afectados, el informe destaca que la libre circulación fue la más perjudicada, principalmente por los bloqueos. También se registraron afectaciones a derechos económicos y sociales, al trabajo, la educación y la salud.

Dato: El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer los mecanismos de prevención y gestión pacífica de conflictos para evitar hechos de violencia.

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