El presidente Rodrigo Paz se refirió a la convocatoria impulsada por el titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, para interpelar al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y afirmó que no entrará en conflictos políticos, mientras desde el Gobierno se anticipó que la autoridad convocada no asistirá a la sesión prevista para este viernes.

Declaraciones tras reunión con la CAF

Luego de reunirse con el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados, en la ciudad de El Alto, el mandatario Rodrigo Paz evitó profundizar en la controversia legislativa y señaló que su prioridad está centrada en atender temas que impacten directamente en la población. En un breve contacto con la prensa, sostuvo que los conflictos políticos no son importantes para la patria y que su gestión responderá únicamente a asuntos que interesen a la ciudadanía.

Convocatoria a interpelación en la ALP

La convocatoria fue realizada por Edmand Lara, titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien citó a diputados y senadores para tratar el presunto sobreprecio en la adquisición de crudo para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El objetivo es que el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, brinde explicaciones sobre la compra y el abastecimiento de combustibles en el país.

Cuestionamientos por procedimiento

Desde el Ejecutivo se adelantó que el ministro no acudirá a la sesión. El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, argumentó que la convocatoria no cumplió con los procedimientos establecidos, al no haberse presentado previamente las peticiones de informe escrito ni oral que exige la normativa vigente. Según explicó, omitir estos pasos formales restaría validez al acto legislativo.

Contexto de tensión por combustibles

La interpelación surge en un escenario marcado por cuestionamientos sobre el abastecimiento y la calidad del combustible, además de reclamos por cisternas que permanecen en inmediaciones de la refinería de Palmasola y denuncias de posibles daños en vehículos. Mientras el Legislativo impulsa la fiscalización, el Ejecutivo insiste en que priorizará la gestión y la atención de las demandas ciudadanas.