El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó que el Ejecutivo evalúa técnica y legalmente los contratos de explotación de litio firmados con empresas de China y Rusia y advirtió que serán anulados si causan daño económico o comprometen los intereses del país.

Revisión técnica y legal de los convenios

El Gobierno dejó abierta la posibilidad de romper los contratos para la explotación del litio suscritos con empresas de China y Rusia, tras admitir que los acuerdos comprometen la fe del Estado, pero aún se encuentran bajo un proceso de evaluación técnica y legal. Así lo confirmó el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, quien señaló que el objetivo es determinar si los convenios generan algún perjuicio económico o vulneran los intereses nacionales.

En contacto con Erbol, la autoridad explicó que la revisión se centra en los contratos aprobados de manera reservada por la anterior administración, cuestionando la falta de transparencia con la que se dispuso de un recurso estratégico como el litio. No obstante, reconoció que al haberse comprometido la fe del Estado, el Gobierno debe actuar con cautela y responsabilidad.

Advertencia sobre el daño económico al país

Espinoza recordó que Bolivia enfrenta un historial de incumplimientos contractuales que ha deteriorado la confianza internacional, por lo que cualquier decisión debe considerar el impacto en la imagen del país. “No podemos seguir en esa dinámica de deterioro de la confianza que se tiene en Bolivia, no como gobierno sino como país”, afirmó.

Sin embargo, fue enfático al señalar que si la evaluación detecta cláusulas que comprometan los recursos naturales o generen un daño económico al Estado, el Ejecutivo no dudará en tomar medidas. “Si estos contratos hacen daño al país, evidentemente serán denunciados y se romperán”, sostuvo.

Contratos aún sin aval legislativo

Los convenios para la explotación del litio fueron firmados con el consorcio Hong Kong CBC de China y la empresa rusa Uranium One Group durante la gestión del expresidente Luis Arce. Hasta el momento, estos acuerdos no cuentan con la aprobación de la Asamblea Legislativa, requisito indispensable para su ejecución.

Según información oficial, ambos contratos permitirían inversiones superiores a $us 2.000 millones para la industrialización del litio y la producción de carbonato de litio grado batería, aprovechando las más de 20 millones de toneladas de este recurso que posee Bolivia.

Rechazo social y observaciones ambientales

Pese a las expectativas económicas, los contratos generaron rechazo y movilizaciones en la anterior administración. Sectores opositores y sociales advirtieron que los convenios no contemplaban adecuadamente el impacto ambiental ni el consentimiento de las comunidades, además de considerarlos desfavorables para el Estado.

El Gobierno aseguró que la evaluación continuará y que cualquier decisión se tomará priorizando la soberanía sobre los recursos naturales y el beneficio económico para el país.

Fuente: La Razón.