El Consejo de Ministros iniciará este martes la tramitación de un real decreto que permitirá la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya residen en España, una medida pactada entre el Gobierno y Podemos que podría beneficiar a cerca de medio millón de migrantes.

¿Quiénes podrán acceder a la regularización?

La medida estará dirigida a personas extranjeras que se encuentren en España desde antes del 31 de diciembre de 2025, no tengan antecedentes penales y puedan acreditar al menos cinco meses de residencia en el país.

La residencia podrá demostrarse mediante empadronamiento u otros documentos como informes médicos, contratos de alquiler, recibos de servicios básicos o comprobantes de envío de dinero.

Suspensión de expulsiones y permiso provisional

Desde el momento en que se presente la solicitud, quedarán suspendidas las órdenes de expulsión o procedimientos de retorno por causas administrativas o por trabajo sin autorización.

La admisión a trámite otorgará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos básicos como la atención sanitaria.

Residencia por un año y paso al régimen ordinario

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un periodo de un año, tras el cual se podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Una vía sin votación parlamentaria

Al tratarse de un real decreto, el Gobierno no necesitará convalidación del Congreso, lo que permite avanzar sin depender de acuerdos parlamentarios, en un contexto de desacuerdos políticos sobre política migratoria.

Retoma una iniciativa ciudadana bloqueada

El decreto retoma el espíritu de la iniciativa legislativa popular (ILP) por la regularización, respaldada por más de 600.000 firmas y que permanecía bloqueada en el Congreso desde 2024.

Podemos destaca el impacto social

Desde Podemos calificaron la medida como “urgente y de justicia social”, al considerar que permitirá reducir la explotación laboral y garantizar derechos básicos a cientos de miles de personas que viven y trabajan en España.