El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a los sectores movilizados y a las autoridades del Estado a priorizar el diálogo como mecanismo central para enfrentar el actual escenario de conflictividad social que atraviesa el país, tras la promulgación del Decreto Supremo 5503. La autoridad advirtió que la falta de consensos podría derivar en una escalada de tensiones con consecuencias sociales y económicas mayores.
Callisaya señaló que, si bien el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales, su ejercicio debe desarrollarse dentro de los márgenes de la legalidad, la no violencia y el respeto irrestricto a los derechos de terceros. En ese marco, recalcó que cualquier forma de manifestación que derive en hechos de violencia, daños a bienes públicos o privados, o vulneración de derechos fundamentales, deslegitima la demanda social.
El Defensor valoró la apertura de algunos espacios de diálogo entre el Gobierno y organizaciones sociales en los últimos días; sin embargo, alertó que persiste un clima de tensión alimentado por el rechazo al decreto, principalmente por su impacto en el costo de vida, el incremento de los pasajes urbanos y el encarecimiento de productos de la canasta familiar. Según indicó, estos factores golpean con mayor fuerza a los sectores en situación de vulnerabilidad económica.
Ante este contexto, la Defensoría del Pueblo activó un operativo de monitoreo permanente de las protestas a nivel nacional, desplegando a su personal en sus 21 oficinas regionales. Equipos defensoriales acompañan movilizaciones como la marcha de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros de Bolivia, que se desplaza por la ciudad de La Paz, con el objetivo de prevenir excesos, documentar posibles vulneraciones de derechos humanos y promover una convivencia pacífica.
Callisaya también instó al Órgano Ejecutivo, así como a los gobiernos departamentales y municipales, a reforzar los canales de diálogo institucional y social para brindar certidumbre a la población. En esa línea, anunció que la Defensoría impulsará la creación de un fondo solidario destinado a mitigar el impacto económico del alza de precios y el aumento de las tarifas de transporte en las familias más afectadas.
Finalmente, el Defensor advirtió que los próximos días serán determinantes para evitar una profundización de la conflictividad social y reiteró que el diálogo, la escucha activa y la búsqueda de soluciones consensuadas siguen siendo la única vía democrática para atender las demandas ciudadanas.
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