El TSE, el Gobierno, la Fiscalía y observadores internacionales ratificaron la legitimidad de la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, tras un intento legislativo de suspenderla en Bolivia.
Intento de boicot en el Senado
A diez días de la segunda vuelta presidencial, un proyecto de ley impulsado por el senador Pedro Benjamín Vargas buscaba cesar a los vocales del TSE y prorrogar el mandato del presidente Luis Arce, cuyo período concluye el 8 de noviembre. La propuesta fue incorporada sorpresivamente al orden del día del Senado, pero tras críticas institucionales y políticas, fue retirada antes de ser debatida en el pleno.
Disputas internas y aclaraciones
El intento de boicot generó tensiones dentro del MAS, con distintas corrientes enfrentadas. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se desmarcó de la iniciativa, señalando que se trató de un proyecto presentado de manera individual por Vargas y no de una decisión de la presidencia del Senado. Finalmente, el proyecto fue derivado a la Comisión de Constitución.
Respaldo institucional
El vocal del TSE, Gustavo Ávila, enfatizó que cualquier intento de suspender la segunda vuelta atentaría contra la voluntad popular expresada en la primera vuelta del 17 de agosto. Su colega Francisco Vargas destacó la transparencia del proceso y la desestimación de denuncias por presunto fraude electoral. Ambos aseguraron que los comicios del 19 de octubre se llevarán a cabo de manera abierta y fiscalizada.
Reacciones políticas
Líderes de distintas fuerzas políticas expresaron su respaldo al proceso electoral. El presidente Arce reiteró su compromiso de entregar el gobierno el 8 de noviembre. El expresidente Carlos Mesa calificó el intento como un “golpe a la democracia”, mientras que Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz insistieron en respetar la institucionalidad y avanzar hacia reformas judiciales.
Apoyo del Ejecutivo
Tras la crisis, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, sostuvo una reunión con la Sala Plena del TSE para transmitir el respaldo del Ejecutivo y denunció que detrás del proyecto legislativo se ocultaban “movimientos oscuros” con intención de alterar el orden democrático.
/ajas/
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