La institución ordenó la revisión de todos los procesos con detención preventiva en los nueve departamentos. Se advierte sanciones para administradores de justicia que incumplan plazos procesales.
Revisión nacional de casos
El consejero Carlos Spencer informó que el Consejo de la Magistratura instruyó a los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) de todo el país iniciar de oficio la revisión de procesos con detención preventiva, debido a las denuncias de retardación de justicia que afectan a miles de privados de libertad.
La medida surge tras la decisión inicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar únicamente los juicios contra Jeanine Áñez, Marco Pumari y Luis Fernando Camacho, acción que fue cuestionada por el Consejo al considerar que el problema es general.
Posibles sanciones
Spencer advirtió que, concluida la revisión, se determinará si algunos jueces u operadores de justicia deberán ser sometidos a procesos disciplinarios por incumplimiento de plazos.
“Vamos a sancionar a la autoridad jurisdiccional que haya incurrido en retardación de justicia. No nos va a temblar la mano”, afirmó.
Datos preocupantes
Según el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, de los 18 mil internos en las cárceles del país, entre 4.500 y 5.000 superaron los tres años de detención preventiva sin sentencia. El Consejo calcula que existen 32 mil procesos con presunta retardación de justicia.
Falta de recursos
Spencer señaló que uno de los principales problemas es el reducido presupuesto judicial, equivalente al 0,35% del Presupuesto General del Estado, y la insuficiente cantidad de jueces en el país (1.308). Subrayó la urgencia de contar con más recursos humanos y económicos para garantizar una justicia ágil.
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