La propuesta para prohibir el matrimonio infantil, presentada en la Asamblea Legislativa, está estancada junto a otros proyectos importantes que requieren atención urgente.
Contexto legislativo actual
En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no solo se encuentran paralizados 17 créditos por más de $us 1.741 millones, sino también el Proyecto de Ley 092/2024-2025, que busca prohibir las uniones maritales con menores de 18 años. Esta situación ha generado preocupación entre los legisladores y defensores de los derechos de la infancia.
Llamado a la acción
La diputada Olivia Guachalla (MAS-IPSP) ha hecho un llamado a sus colegas para que dejen de lado los “bloqueos legislativos” y prioricen el tratamiento de esta propuesta. En su intervención durante el seminario “Avanzando en la eliminación del matrimonio infantil”, Guachalla enfatizó la necesidad de acelerar el tratamiento de esta ley, que busca proteger los derechos de niños y adolescentes vulnerables.
Detalles del proyecto de ley
El proyecto, impulsado por la senadora Virginia Velasco (MAS-IPSP), fue aprobado por la Cámara de Senadores el 23 de abril y establece modificaciones a la Ley del Código de las Familias y del Proceso Familiar. Entre los cambios propuestos, el artículo 170 establece que “el matrimonio o la unión libre entre personas menores a la edad requerida es nulo de pleno derecho”.
Estadísticas alarmantes
Un informe de la Defensoría del Pueblo titulado “Sueños Interrumpidos” revela cifras preocupantes sobre el matrimonio infantil en Bolivia. En 2024, se registraron 487 matrimonios de niñas de 12 años y adolescentes de 13 a 15 años, así como 4.804 matrimonios de adolescentes de 16 y 17 años. Estos datos subrayan la urgencia de la legislación propuesta.
Urgencia de la aprobación
Guachalla destacó la necesidad de avanzar en esta normativa antes de que finalice la legislatura, instando a todos los partidos políticos a colaborar en una agenda social que garantice el bienestar de la niñez y la adolescencia. La aprobación de esta ley es vista como un paso crucial para la protección de los derechos de los menores en el país.
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