Doce funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos son investigados por la comercialización de combustible en mal estado que afectó a vehículos particulares y al transporte, informó el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, este martes, tras conocerse avances en las pesquisas y acuerdos de resarcimiento.
Reconocimiento oficial del problema
Zambrana señaló que uno de los principales avances del proceso investigativo fue el reconocimiento oficial de que se distribuyó combustible defectuoso en el mercado interno. Este hecho, dijo, permitió activar mecanismos de investigación y negociación para atender los daños ocasionados a los usuarios.
Funcionarios bajo proceso
Según la información brindada, 12 funcionarios fueron identificados como presuntamente vinculados al caso, calificado por el propio Gobierno como una “mano negra”. Diez de ellos enfrentan procesos administrativos internos, mientras que otros dos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. No se descarta que las investigaciones se amplíen a más personas.
Informe técnico sobre el origen del daño
De acuerdo con un informe técnico de YPFB, la falla se habría originado en carburantes almacenados desde la pasada gestión en tanques que no estaban completamente llenos ni recibieron el mantenimiento adecuado. Esta situación habría generado corrosión y residuos que, al mezclarse con nuevo combustible, provocaron una reacción química que contaminó el producto.
Acuerdo de resarcimiento económico
En paralelo a las investigaciones, se alcanzó un acuerdo para indemnizar a los afectados. La aseguradora validó técnicamente los daños y estableció tres categorías de compensación —leve, media y grave— con montos diferenciados. El procedimiento prevé la presentación de carpetas para evaluación en un plazo aproximado de 30 días, inicialmente de forma manual para el transporte sindicalizado y asociativo, y mediante una plataforma digital para particulares.
Canal de denuncias e inspecciones
Zambrana anunció además la creación de una comisión de denuncias para reportar presuntos casos de adulteración de combustible. A través de un canal directo, los ciudadanos podrán alertar sobre irregularidades, lo que obligará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a realizar inspecciones en un plazo máximo de 48 horas.
