El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia implementará seis filtros de control para asegurar la transparencia del voto en las Elecciones Generales, a realizarse en 28 días, con participación ciudadana y acompañamiento nacional e internacional.

Controles ciudadanos como eje central

Uno de los principales mecanismos que garantiza la transparencia electoral es la participación de la ciudadanía como jurados electorales. Cada mesa de sufragio contará con seis jurados, quienes son responsables de administrar el proceso de votación y llenar las actas de resultados. Estos estarán acompañados por delegados de los partidos políticos, quienes también recibirán copias obligatorias de las actas.

Observadores internacionales respaldan el proceso

Siete misiones internacionales de observación se desplegarán en todo el país para vigilar el desarrollo del proceso electoral. La Unión Europea, por ejemplo, confirmó la llegada de 100 expertos electorales. Según el vocal del TSE, Gustavo Ávila, estos observadores son “los ojos que supervisan desde afuera” y su presencia es vital para la legitimidad del proceso.

Transparencia desde el padrón electoral

Otro filtro importante es la apertura del Padrón Electoral consolidado a revisión por parte de los partidos políticos y la ciudadanía. El TSE invita a que este control no se limite a la jornada electoral, sino que empiece desde la verificación del padrón para garantizar que esté actualizado y libre de irregularidades.

Tecnología y documentación como respaldo

Entre las herramientas tecnológicas que se implementarán está el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), que permitirá la transmisión rápida y segura de datos. Además, se tomará una fotografía de cada acta electoral como respaldo documental. Esto suma una capa más de seguridad en el conteo y verificación de votos.

Cuenta regresiva: 28 días para las elecciones

Con solo 28 días para las elecciones generales, el TSE ya realizó el sorteo de más de 200 mil jurados electorales, cuyas listas serán publicadas el domingo. Esta etapa marca el inicio de un proceso donde se espera que la ciudadanía, junto a los organismos nacionales e internacionales, refuerce la vigilancia y confianza en el sistema democrático.