El vicepresidente Edmand Lara solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional restituir la vigencia de la Ley 1670, suspendida por una medida cautelar, argumentando que miles de familias y pequeños emprendedores enfrentan riesgo económico por la falta de alivio financiero.
Solicitan restablecer la ley por “humanidad”
El vicepresidente Edmand Lara pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que reponga la Ley de Diferimiento de Créditos, asegurando que su suspensión ya está generando perjuicios reales en los hogares bolivianos. Señaló que la norma fue creada para brindar alivio temporal a sectores que siguen enfrentando dificultades económicas.
Contenido y alcance de la Ley 1670
La Ley 1670 plantea un diferimiento de seis meses en el pago de créditos destinados a microempresas y viviendas de interés social, además de una suspensión temporal de embargos. Su objetivo es evitar que las familias pierdan bienes o activos durante este periodo de desaceleración económica. Sin embargo, entidades financieras expresaron su rechazo al proyecto, argumentando que afectaría la liquidez del sistema bancario.
La suspensión que desató el conflicto
La aplicación de la Ley 1670 fue detenida tras una medida cautelar presentada por el diputado Alejandro Reyes, lo que paralizó de inmediato los alivios previstos. Lara cuestionó la acción y sostuvo que responde a intereses de sectores de poder, señalando directamente a los bancos como principales beneficiarios de la suspensión.
La Vicepresidencia alista acciones legales
Lara anunció que el equipo jurídico de la Vicepresidencia presentará de forma inmediata los recursos necesarios para solicitar el levantamiento de la medida cautelar ante el TCP. Afirmó que el Gobierno insistirá en restituir la ley al considerar que cumple una función social y que protege a los grupos con menor capacidad económica.
Familias y sectores vulnerables, los más afectados
De acuerdo con la Vicepresidencia, la suspensión de la ley deja desprotegidos a madres de familia, microempresarios, transportistas y jóvenes emprendedores que dependen del crédito para mantener sus actividades. Lara reiteró que el pedido al TCP busca evitar que estos sectores pierdan patrimonio o se vean obligados a asumir cuotas que actualmente no pueden cubrir.
