El abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez, señaló que es urgente aprobar una ley de competencia temporal para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tras las propuestas surgidas en las Jornadas de Descongestionamiento de Causas realizadas en Cochabamba.
Jornadas para reducir la mora procesal
Durante las primeras Jornadas de Descongestionamiento de Causas en el TCP, realizadas en Cochabamba, juristas y autoridades analizaron propuestas orientadas a reducir la mora procesal que afecta al máximo tribunal constitucional del país.
Según Yáñez, estos encuentros permitieron recoger diversas estrategias planteadas por el foro de abogados, destacando además la apertura de los magistrados para escuchar las propuestas del sector jurídico.
Avocaciones como mecanismo de solución
Uno de los mecanismos planteados para acelerar la resolución de procesos es el uso de las avocaciones, mediante las cuales se pueden resolver múltiples causas con una sola sentencia cuando comparten una base fáctica y problemática jurídica similar.
El jurista explicó que el mismo día de las jornadas se publicaron tres de cuatro sentencias de avocación, consideradas una estrategia clave para avanzar en la resolución de casos pendientes.
Posibilidad de resolver decenas de casos
De acuerdo con Yáñez, los magistrados del TCP prevén emitir más resoluciones de este tipo, lo que permitiría resolver cerca de 100 causas en una sola sentencia cuando los procesos presenten características similares.
Esta medida busca acelerar el tratamiento de casos acumulados y contribuir a reducir significativamente el retraso en la administración de justicia constitucional.
Pedido de una ley de competencia temporal
El abogado también advirtió la necesidad de aprobar una ley de competencia temporal que permita a los cuatro magistrados actuales tramitar las acciones de control normativo mientras se completa la elección de las autoridades faltantes en el TCP.
Yáñez cuestionó que la Asamblea Legislativa aún no haya avanzado en la aprobación de esta normativa, pese a la necesidad de garantizar el funcionamiento pleno del tribunal constitucional.