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  • TSE convoca a Sala Plena tras notificación del TCP sobre la situación de UCS

    TSE convoca a Sala Plena tras notificación del TCP sobre la situación de UCS

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a una Sala Plena para este miércoles, luego de recibir la notificación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el caso del partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS), con el fin de emitir una resolución en cumplimiento de la Constitución y la normativa electoral vigente, informó el presidente del ente electoral, Gustavo Ávila.

    Notificación del TCP y convocatoria inmediata

    El presidente del TSE, Gustavo Ávila, confirmó que la institución recibió el auto constitucional del TCP referido a la situación jurídica de UCS, motivo por el cual se convocó de manera inmediata a una Sala Plena que se desarrollará desde las 9:00 de la mañana del miércoles.

    Posición del TSE se mantiene

    Ávila remarcó que la postura del TSE no ha cambiado desde la conclusión del proceso electoral en primera vuelta y aseguró que el órgano electoral actuará en estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes que regulan el sistema electoral boliviano.

    Alcance de la normativa electoral

    La autoridad recordó que la ley establece de forma expresa que los partidos políticos que no alcanzan el 3% de la votación válida en una elección general deben perder su personalidad jurídica, sanción que no depende de una decisión discrecional del TSE, sino de lo dispuesto por la normativa vigente.

    Antecedentes y aplicación de sanciones

    El titular del TSE señaló que esta sanción ya fue aplicada en anteriores procesos electorales, citando el caso de ADN, cuya personalidad jurídica fue cancelada junto a la alianza que integraba, tras la notificación del TCP.

    Situación de UCS y su alianza

    En el caso de UCS, Ávila explicó que el partido participó en las elecciones generales como parte de una alianza, por lo que la eventual sanción se extiende a toda la organización política aliada, conforme a los resultados electorales y a lo que establece la ley.

  • Tribunal Constitucional cierra vía legal a UCS y remite decisión al TSE

    Tribunal Constitucional cierra vía legal a UCS y remite decisión al TSE

    El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó los dos recursos de inconstitucionalidad presentados por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) para mantener su personería jurídica, decisión adoptada por la Comisión de Admisión, por lo que ahora se espera un pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el procedimiento a seguir.

    Recursos rechazados por falta de argumentos

    El magistrado del TCP, Boris Arias, informó que la Comisión de Admisión rechazó ambas acciones de inconstitucionalidad interpuestas por UCS. Explicó que las demandas no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por norma para su admisión.

    Observaciones a la acción presentada

    Arias detalló que la comisión tiene la facultad de rechazar una demanda cuando no existe una argumentación mínima. En este caso, señaló que el recurso presentado se limitaba a copiar varios artículos de la Constitución, sin desarrollar una fundamentación jurídica clara.

    Cuestionamiento al requisito del 3%

    Según el magistrado, la acción presentada por UCS cuestionaba la exigencia del 3% de votación mínima para mantener la personería jurídica, calificándola de “desproporcional”, pero sin explicar de manera objetiva o técnica las razones de esa calificación.

    Esperan pronunciamiento del TSE

    Tras la decisión del TCP, se aguarda el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral sobre cómo se procederá con la cancelación de la sigla de UCS, luego de que este partido no alcanzará el mínimo del 3% en las elecciones presidenciales.

    Antecedente de cancelación de siglas

    UCS se suma a otros casos similares, como el de Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido que ya perdió su personería jurídica y quedó inhabilitado para participar en las elecciones subnacionales, conforme a la normativa electoral vigente.

  • Lara pide al TCP reactivar la Ley de Diferimiento para evitar perjuicios a familias

    Lara pide al TCP reactivar la Ley de Diferimiento para evitar perjuicios a familias

    El vicepresidente Edmand Lara solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional restituir la vigencia de la Ley 1670, suspendida por una medida cautelar, argumentando que miles de familias y pequeños emprendedores enfrentan riesgo económico por la falta de alivio financiero.

    Solicitan restablecer la ley por “humanidad”

    El vicepresidente Edmand Lara pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que reponga la Ley de Diferimiento de Créditos, asegurando que su suspensión ya está generando perjuicios reales en los hogares bolivianos. Señaló que la norma fue creada para brindar alivio temporal a sectores que siguen enfrentando dificultades económicas.

    Contenido y alcance de la Ley 1670

    La Ley 1670 plantea un diferimiento de seis meses en el pago de créditos destinados a microempresas y viviendas de interés social, además de una suspensión temporal de embargos. Su objetivo es evitar que las familias pierdan bienes o activos durante este periodo de desaceleración económica. Sin embargo, entidades financieras expresaron su rechazo al proyecto, argumentando que afectaría la liquidez del sistema bancario.

    La suspensión que desató el conflicto

    La aplicación de la Ley 1670 fue detenida tras una medida cautelar presentada por el diputado Alejandro Reyes, lo que paralizó de inmediato los alivios previstos. Lara cuestionó la acción y sostuvo que responde a intereses de sectores de poder, señalando directamente a los bancos como principales beneficiarios de la suspensión.

    La Vicepresidencia alista acciones legales

    Lara anunció que el equipo jurídico de la Vicepresidencia presentará de forma inmediata los recursos necesarios para solicitar el levantamiento de la medida cautelar ante el TCP. Afirmó que el Gobierno insistirá en restituir la ley al considerar que cumple una función social y que protege a los grupos con menor capacidad económica.

    Familias y sectores vulnerables, los más afectados

    De acuerdo con la Vicepresidencia, la suspensión de la ley deja desprotegidos a madres de familia, microempresarios, transportistas y jóvenes emprendedores que dependen del crédito para mantener sus actividades. Lara reiteró que el pedido al TCP busca evitar que estos sectores pierdan patrimonio o se vean obligados a asumir cuotas que actualmente no pueden cubrir.

  • «Autoprorrogados» del TCP enfrentan allanamientos y alertas migratorias

    «Autoprorrogados» del TCP enfrentan allanamientos y alertas migratorias

    La Fiscalía ejecutó allanamientos, activó alertas migratorias y avanzó con citaciones contra cinco exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes fueron cesados el martes tras resoluciones judiciales en Potosí y Santa Cruz. El operativo se realizó ayer en Sucre, mientras los involucrados buscan frenar las órdenes de aprehensión y se desconoce el paradero de la mayoría.

    Allanamiento en oficinas del TCP

    Durante la mañana del miércoles, los fiscales Javier Gorena y Mario Durán allanaron las oficinas que eran utilizadas por los exmagistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Julia Cornejo, Isidora Jiménez y Karem Gallardo en el edificio del TCP en Sucre. El operativo forma parte de una investigación por falsedad ideológica y acoso político, iniciada tras la denuncia de las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura.

    Investigación preliminar y recolección de evidencias

    Gorena informó que la Fiscalía busca registrar dependencias y secuestrar documentación relevante en esta fase preliminar. Personal de laboratorio forense participó en la recolección de indicios, entre ellos documentos vinculados a los autos constitucionales 0012/2025 y 0070/2025. Autoridades del TCP señalaron que las oficinas estaban prácticamente en desuso y que el martes se intentó retirar documentación antes de su cese.

    Alertas migratorias y primeras declaraciones

    La Fiscalía de Sucre confirmó la activación de alertas migratorias para impedir que los exmagistrados abandonen el país. También se emitieron citaciones y el primero en presentarse fue Gonzalo Hurtado, quien acudió el martes por la tarde. Al tratarse de una investigación preliminar, no se ordenó su aprehensión.

    Contraataque judicial

    Hurtado presentó una acción de libertad ante una Sala Constitucional del Beni para anular su orden de aprehensión, suspender la alerta migratoria y frenar cualquier persecución policial. Su abogado, Álex Mejía, solicitó garantías para sus derechos, abriendo un nuevo capítulo en el conflicto judicial.

    Repercusiones institucionales y escenario incierto

    El conflicto se originó cuando los exmagistrados anunciaron que se mantenían en funciones por diez días adicionales, pese a órdenes judiciales de cese inmediato. La magistrada del TSJ, Rosmery Ruiz Martínez, afirmó que no hay mayor conflicto interno tras el cese de funciones. Desde el Consejo de la Magistratura, su presidente Manuel Baptista anunció procesos disciplinarios y posibles acciones penales, denunciando que los autoprorrogados afectaron gravemente la administración de justicia. Entretanto, persiste la incógnita sobre el paradero de los exmagistrados, quienes no se han presentado ante la justicia, salvo Hurtado.

  • Paola Prudencio asume la Presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional

    Paola Prudencio asume la Presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional

    La magistrada Paola Verónica Prudencio Candia fue elegida este martes como presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tras la cesación de los magistrados prorrogados y la reinstalación de la sala plena en Sucre.

    Elección tras la cesación de magistrados prorrogados

    La designación de Prudencio se produjo pocas horas después de que una Sala Constitucional de Potosí dispusiera el cese inmediato de los cinco magistrados que permanecían prorrogados en el TCP, en respuesta a una Acción de Libertad. Con esta decisión, se habilitó la elección interna realizada en sala plena.

    Primer mensaje: retorno a la legalidad e institucionalidad

    En su discurso inaugural, Prudencio afirmó que la jornada marcó la recuperación de la legalidad y el fin de la “autoprórroga” en el Tribunal. Señaló que quienes intentaron mantenerse en funciones con mandatos vencidos ya no forman parte de la institución y destacó que el TCP se abrirá nuevamente a la supremacía constitucional.

    Medidas iniciales de su gestión

    Entre las primeras decisiones anunciadas, mencionó la conformación de nuevas salas y de la comisión de admisión, además de la transmisión pública del sorteo de expedientes. También resaltó la necesidad de unificar jurisprudencia para reducir la carga procesal y auditar los actos recientes del tribunal.

    Compromiso con independencia y transparencia

    Prudencio enfatizó que no se permitirá manipular la historia procesal de la institución y que se actuará con transparencia, sin encubrir actos inconstitucionales o arbitrarios. Asimismo, instó a jueces y vocales del país a fallar conforme a la Constitución y la ley, asegurando que el TCP ya no será un órgano de persecución ni responderá a intereses particulares.

  • Órganos judiciales respaldan ultimátum de Saucedo a magistrados autoprorrogados del TCP

    Órganos judiciales respaldan ultimátum de Saucedo a magistrados autoprorrogados del TCP

    El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental apoyaron el llamado del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, para cesar las funciones de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, instando a la Asamblea Legislativa a acelerar la renovación de autoridades judiciales.

    Respaldo unificado de autoridades judiciales

    Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, expresó su apoyo total a la postura de Saucedo, afirmando que “la posición del doctor Romer Saucedo es compartida y respaldada” por el organismo. Destacó que la demanda por la renovación de autoridades es compartida por la mayoría de los bolivianos que buscan fortalecer la institucionalidad de la justicia.

    Solicitud de intervención de la ALP y Ejecutivo

    Baptista pidió que la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Órgano Ejecutivo se sumen al llamado para garantizar el cese de los magistrados autoprorrogados y permitir la renovación de autoridades en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), asegurando transparencia y confianza en el sistema judicial.

    Pronunciamiento del Tribunal Agroambiental

    Richard Méndez, presidente del Tribunal Agroambiental, también se adhirió al pronunciamiento y subrayó que la situación refleja la importancia de mantener la institucionalidad boliviana. Méndez destacó que la aprobación del proyecto de ley sancionado por el Senado es clave para garantizar la independencia judicial, la seguridad jurídica y el principio del juez natural.

    Llamado a acelerar la ley

    Ambas autoridades coincidieron en que la celeridad en la aprobación del proyecto de ley por la Cámara de Diputados es esencial para restaurar la normalidad en el sistema judicial y fortalecer la confianza ciudadana en los tribunales.

    Objetivo: restaurar la institucionalidad

    El respaldo de los órganos judiciales al ultimátum de Saucedo busca presionar para el cumplimiento de la normativa y el cese de los magistrados que prolongaron su mandato, consolidando un Órgano Judicial transparente y funcional.

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