La Fiscalía, a través de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, detectó presuntas operaciones económicas irregulares vinculadas a la familia del expresidente Luis Arce, relacionadas con YPFB y actividades agroindustriales, en Santa Cruz y otros países, en el marco de una investigación iniciada en marzo de 2026.

Informe revela movimientos sospechosos

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que un análisis económico-patrimonial identificó transacciones que superan la capacidad financiera declarada de Luis Arce y sus hijos Marcelo, Rafael y Camila Arce Mosqueira.

Según el reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), estos recursos presuntamente habrían sido obtenidos mediante contrataciones irregulares en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Vínculos con agroindustria

Las investigaciones señalan que parte de los recursos habría sido canalizada hacia negocios en el sector agroindustrial, con el objetivo de legitimar ganancias ilícitas.

En ese marco, la Fiscalía ejecutó un allanamiento a una empresa de insumos agroquímicos, donde se secuestró maquinaria y documentación que podría estar vinculada con el caso.

Flujo migratorio bajo la lupa

El informe también incluye el registro migratorio de Marcelo Arce, quien realizó múltiples viajes al exterior desde 2019, con destinos como Panamá, Paraguay y Estados Unidos.

Las autoridades presumen que en estos países se habrían concretado inversiones o movimientos financieros relacionados con los recursos investigados.

Proceso judicial en curso

La investigación se inició el 18 de marzo tras recibir el informe de la UIF. Posteriormente, Marcelo Arce fue aprehendido en Santa Cruz y luego imputado por legitimación de ganancias ilícitas, con detención preventiva en el penal de Palmasola.

Además, se reportó la existencia de bienes como propiedades y vehículos de lujo, así como operaciones bancarias que no coincidirían con los ingresos declarados.

Posible red de corrupción en YPFB

La Fiscalía también investiga la participación de presuntos testaferros y funcionarios de YPFB que habrían facilitado estas operaciones, utilizando terceros para ocultar el origen del dinero.

Mientras las autoridades califican el caso como parte de una posible red de corrupción, el imputado rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de un proceso con motivaciones políticas.