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  • Senador denuncia red estructural de corrupción en el sistema educativo

    Senador denuncia red estructural de corrupción en el sistema educativo

    El senador Milton Condori denunció este 18 de noviembre una presunta red de corrupción que, según afirmó, opera desde hace dos décadas en el sistema educativo boliviano, donde se habrían registrado cobros irregulares, extorsiones y manipulación de procesos administrativos, principalmente en entidades de maestros y direcciones educativas.

    Una denuncia que apunta a varios niveles del sistema

    El senador de Unidad, Milton Condori, alertó sobre la existencia de una “mega red de corrupción” que afectaría a confederaciones de maestros urbanos y rurales, direcciones departamentales, distritales y unidades educativas. Sostuvo que estas prácticas se habrían consolidado durante los últimos 20 años hasta convertirse en una estructura organizada.

    Cobros elevados por ítems y favores administrativos

    Según Condori, docentes de varios departamentos denunciaron pagos de entre 5.000 y 10.000 dólares para acceder a ítems, traslados, permutas o funciones administrativas. También señaló que existiría una compra y venta de horas laborales, con precios que alcanzarían los 1.000 bolivianos por hora.

    Presiones y presuntas manipulaciones académicas

    El legislador afirmó que algunos profesores serían presionados para asignar puntajes máximos a estudiantes que no los merecen, con el fin de facilitar becas y beneficios. Quienes se resisten —aseguró— podrían enfrentar sanciones, evaluaciones desfavorables o riesgo de perder su trabajo.

    Irregularidades en la formación de maestros

    Condori también apuntó a las escuelas superiores de formación de maestros, donde supuestamente se cobran entre 10.000 y 20.000 dólares para ingresar mediante las modalidades A y B. Afirmó que incluso se habrían utilizado documentos falsificados para favorecer a postulantes en procesos de selección.

    Pedido de intervención y acciones inmediatas

    El senador anunció que solicitará al Ministerio de Educación una intervención inmediata para restituir la institucionalidad y delimitar funciones entre autoridades y juntas escolares. Además, abrirá un canal de denuncias para docentes que temen represalias y pedirá informes escritos para impulsar investigaciones. Su pronunciamiento llega tras la reciente reunión entre el Ministerio de Educación y el magisterio urbano y rural, donde se acordó una agenda de trabajo de tres semanas.