El viceministro de Justicia, Marcelo García Delfín, confirmó que el Órgano Ejecutivo dejará de ejercer el papel de acusador en los procesos por Sacaba y Senkata, que ahora estarán íntegramente bajo administración judicial.
Cambio de política institucional
El Gobierno anunció que ya no participará como acusador en los casos Sacaba y Senkata, que investigan hechos ocurridos durante la administración de Jeanine Áñez. El viceministro de Justicia, Marcelo García Delfín, señaló que la postura oficial es permitir que estos procesos sean tramitados con independencia por el órgano judicial.
Postura del Viceministerio de Justicia
García afirmó que la política institucional apunta a terminar con la injerencia política en los procesos judiciales. Indicó que será tarea de jueces, vocales y magistrados administrar justicia, mientras que el Ejecutivo únicamente facilitará las condiciones administrativas necesarias para que los casos avancen por la vía jurisdiccional.
Antecedentes judiciales
Los procesos fueron remitidos a juicio de responsabilidades después de que el Tribunal Supremo de Justicia determinara irregularidades en su impulso inicial. Como consecuencia, todas las actuaciones previas quedaron anuladas. Hasta ese momento, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado actuaban como parte acusadora.
Reacciones de las víctimas y organismos internacionales
Las víctimas de los hechos acudieron a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir garantías ante la anulación de avances procesales. El GIEI emitió en 2023 un informe con recomendaciones para la reparación integral de las víctimas. En septiembre de 2025, la CIDH y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur expresaron preocupación por la posibilidad de que las familias afectadas no accedan plenamente a la justicia.
