El Presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes 6 de abril el Decreto Supremo 5600, que elimina los procesos de contratación directa en entidades públicas, con el objetivo de transparentar la gestión estatal, en un acto desarrollado en Bolivia junto al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

Nueva norma para transparentar contrataciones

El Presidente Rodrigo Paz oficializó el Decreto Supremo 5600, una normativa que busca eliminar los procesos de contratación directa de bienes, obras y servicios en el sector público. La medida apunta a reemplazar mecanismos considerados opacos por un sistema más transparente.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que la intención del Gobierno es establecer responsabilidad en la gestión pública y dejar atrás prácticas irregulares. “Queremos pasar de este sistema opaco a uno transparente (…) no hay persecución, hay responsabilidad”, afirmó.

Eliminación de decretos previos

La autoridad explicó que durante la gestión del expresidente Luis Arce se promulgaron 161 decretos, de los cuales 105 permitían adjudicaciones sin licitación. En ese marco, el nuevo decreto dispone la abrogación y derogación de estas normativas.

El DS 5600 establece que se eliminan las disposiciones que autorizaban contrataciones directas bajo normativas distintas al Decreto Supremo Nº 0181, que regula el sistema de administración de bienes y servicios.

Observaciones a la gestión anterior

Lupo también señaló que se identificaron múltiples irregularidades en la anterior administración, como infraestructura abandonada, hospitales sin funcionamiento en Cochabamba y Potosí, y proyectos inconclusos.

Asimismo, mencionó la compra de 702 ambulancias sin procesos de licitación, además de hospitales de segundo y tercer nivel que no fueron concluidos, lo que —según indicó— evidencia problemas estructurales en la gestión pública.

Expectativa por cambios en la gestión estatal

La promulgación de esta norma se da en un contexto de reformas orientadas a mejorar la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. El Gobierno prevé que el decreto contribuya a fortalecer los procesos de contratación y recuperar la confianza en las instituciones estatales.