La Fiscalía ejecutó allanamientos, activó alertas migratorias y avanzó con citaciones contra cinco exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes fueron cesados el martes tras resoluciones judiciales en Potosí y Santa Cruz. El operativo se realizó ayer en Sucre, mientras los involucrados buscan frenar las órdenes de aprehensión y se desconoce el paradero de la mayoría.
Allanamiento en oficinas del TCP
Durante la mañana del miércoles, los fiscales Javier Gorena y Mario Durán allanaron las oficinas que eran utilizadas por los exmagistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Julia Cornejo, Isidora Jiménez y Karem Gallardo en el edificio del TCP en Sucre. El operativo forma parte de una investigación por falsedad ideológica y acoso político, iniciada tras la denuncia de las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura.
Investigación preliminar y recolección de evidencias
Gorena informó que la Fiscalía busca registrar dependencias y secuestrar documentación relevante en esta fase preliminar. Personal de laboratorio forense participó en la recolección de indicios, entre ellos documentos vinculados a los autos constitucionales 0012/2025 y 0070/2025. Autoridades del TCP señalaron que las oficinas estaban prácticamente en desuso y que el martes se intentó retirar documentación antes de su cese.
Alertas migratorias y primeras declaraciones
La Fiscalía de Sucre confirmó la activación de alertas migratorias para impedir que los exmagistrados abandonen el país. También se emitieron citaciones y el primero en presentarse fue Gonzalo Hurtado, quien acudió el martes por la tarde. Al tratarse de una investigación preliminar, no se ordenó su aprehensión.
Contraataque judicial
Hurtado presentó una acción de libertad ante una Sala Constitucional del Beni para anular su orden de aprehensión, suspender la alerta migratoria y frenar cualquier persecución policial. Su abogado, Álex Mejía, solicitó garantías para sus derechos, abriendo un nuevo capítulo en el conflicto judicial.
Repercusiones institucionales y escenario incierto
El conflicto se originó cuando los exmagistrados anunciaron que se mantenían en funciones por diez días adicionales, pese a órdenes judiciales de cese inmediato. La magistrada del TSJ, Rosmery Ruiz Martínez, afirmó que no hay mayor conflicto interno tras el cese de funciones. Desde el Consejo de la Magistratura, su presidente Manuel Baptista anunció procesos disciplinarios y posibles acciones penales, denunciando que los autoprorrogados afectaron gravemente la administración de justicia. Entretanto, persiste la incógnita sobre el paradero de los exmagistrados, quienes no se han presentado ante la justicia, salvo Hurtado.
