La Cámara de Diputados y el pleno de la Asamblea tendrán este lunes una jornada decisiva para definir el futuro del TSE y destrabar la crisis del TCP, en pleno avance del calendario de las subnacionales 2026.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) encara este lunes una jornada crucial para la institucionalidad democrática del país. Dos sesiones —una en Diputados por la mañana y otra del pleno de la ALP por la tarde— deberán encaminar acuerdos para renovar la cúpula del Órgano Electoral y resolver el vacío institucional en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Diputados debate ley transitoria para elegir a los nuevos vocales electorales

A las 11:00, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley transitoria de Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La norma consolida cuatro iniciativas previas y busca habilitar la convocatoria, requisitos y el procedimiento para elegir tanto a los vocales nacionales como a los de los nueve tribunales departamentales.

El mandato de la mayoría de los vocales actuales vence el 19 de diciembre, y las subnacionales están fijadas para el 22 de marzo de 2026, por lo que el proceso es contrarreloj.

El diputado Juan del Granado, presidente de la Comisión de Constitución, informó que el proyecto aprobado en el Senado es la base, pero se incorporarán aportes de las otras propuestas. La senadora Soledad Chapetón advirtió que ya no hay margen para retrasos:
“El 19 de diciembre es la fecha tope. Siempre es importante dialogar, pero ya no hay espacio para dilaciones”, afirmó.

Los requisitos para los nuevos vocales del TSE

El proyecto contempla una convocatoria que exigirá formación en áreas constitucional, administrativa, electoral, derechos humanos, informática, registro notarial o ciencias políticas; al menos cinco años de experiencia, dominio de dos idiomas nacionales y respaldo documental de la trayectoria profesional.

Si existe acuerdo político, la designación podría resolverse “en cuestión de días”, aseguró el diputado Manolo Rojas.
“El lunes será crítico y definitivo. Estamos en números rojos”, advirtió.

El calendario electoral debe continuar sin interrupciones

Legisladores coincidieron en que la renovación del TSE no puede frenar el cronograma ya en vigencia. El empadronamiento masivo, la designación de jueces electorales y la inscripción de candidaturas continúan, con plazo hasta el 22 de diciembre.

El proceso deberá encajar en el calendario sin generar vacíos de autoridad.

Asambleas departamentales también deben elegir vocales

La elección de vocales departamentales depende de cada asamblea legislativa departamental. Rojas propone establecer plazos estrictos desde el nivel nacional para garantizar que las ternas se elaboren a tiempo y sin retrasos. También se convocarán mesas de coordinación con los nueve departamentos.

Por la tarde, el pleno tratará la crisis del Tribunal Constitucional

La sesión plenaria de la Asamblea, prevista para la tarde, abordará un segundo tema crítico: la situación del Tribunal Constitucional Plurinacional, luego del cese de los magistrados “autoprorrogados” tras una decisión judicial.

Se prevé debatir un proyecto de ley que ratifique que la Asamblea es la única instancia habilitada para preseleccionar a los candidatos a magistrados del TSJ y del TCP, quienes luego deben ser elegidos por votación popular.

Habilitación de suplentes para evitar parálisis institucional

Actualmente, solo cuatro magistrados del TCP continúan en funciones, número insuficiente para el quórum mínimo de seis.
Un proyecto en análisis propone habilitar a magistrados suplentes para completar el quórum y evitar que miles de causas sigan acumulándose.

¿Elecciones judiciales simultáneas con las subnacionales?

Otro punto en debate es la posibilidad de unificar las elecciones judiciales complementarias con las subnacionales del 22 de marzo, en los departamentos donde no se eligió magistrados en 2024.

El vocal del TSE Francisco Vargas consideró técnicamente viable una elección simultánea si la Asamblea lo determina.
Pero su colega Gustavo Ávila alertó sobre posibles confusiones ciudadanas y mayores cargas logísticas por la naturaleza distinta de ambos procesos.