La Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) declaró personas no gratas a nueve diputados y un senador, prohibiéndoles el ingreso a la provincia. La decisión se tomó tras la aprobación del contrato para la explotación de litio con la empresa rusa Uranium One Group.

Acusación de traición a la voluntad popular

La CUPCONL sostiene que los legisladores avalaron el acuerdo sin realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, calificando la acción como “hipócrita y tramposa”. El contrato, valorado en 975 millones de dólares, contempla la industrialización del litio en el salar de Uyuni y fue aprobado en una polémica sesión de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria.

Críticas al Ejecutivo

La organización también cuestiona al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y a otras autoridades por impulsar un contrato que, afirman, vulnera los derechos indígenas y beneficia a intereses privados.

Estado de emergencia y advertencia de movilización

La CUPCONL se declaró en estado de emergencia y advirtió que podría movilizarse hasta La Paz si el Legislativo insiste en tratar un segundo contrato con una empresa china. Los comunarios aseguran que la defensa de su territorio y recursos naturales será sostenida.