El caso denominado ‘narco maletas’ vuelve a generar controversia luego de que nuevas revelaciones de la investigación apunten a una presunta red de contactos que involucraría a funcionarios públicos y estructuras institucionales, que habrían facilitado el tráfico de sustancias controladas, según denuncias difundidas este jueves en la ciudad de Sucre.
Investigación apunta a una red estructural
De acuerdo con el investigador y activista Manuel Morales, citado por Correo del Sur Radio, el caso dejó de ser un hecho aislado y expone un sistema que, a su criterio, opera con niveles de protección institucional. Morales sostuvo que las evidencias revelan un patrón de impunidad que va más allá de funcionarios de bajo rango.
Hallazgos que generan sospechas
Uno de los puntos más sensibles de la investigación fue el hallazgo de 79 kilos de marihuana y maquinaria de procesamiento en un galpón vinculado a una empresa de seguridad. El inmueble pertenecería a un juez en ejercicio y tendría socios que cumplen funciones en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, hecho que motivó serios cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Demoras y cuestionamientos al Estado
Morales criticó la actuación del Gobierno, al señalar que se habría otorgado una “ventaja” de 52 días al no activar de manera inmediata acciones ante el Ministerio Público. Estas observaciones cobran relevancia luego de que el presidente Rodrigo Paz reconociera que el Estado tenía conocimiento previo del caso.
Caso alcanza a oficialismo y oposición
Aunque inicialmente se buscaba vincular el hecho con la anterior administración, la investigación también salpicó a sectores de la oposición. La exdiputada involucrada pertenece a la agrupación Creemos, lo que, según Morales, demuestra que el caso no responde a una sola línea política.
Responsabilidades y aplicación de la Ley 1008
Finalmente, el investigador remarcó que el Ministerio Público debe aplicar con rigor la Ley 1008, que establece responsabilidades penales para funcionarios que, teniendo indicios de narcotráfico, no los denuncien. En ese marco, sostuvo que autoridades del Ejecutivo y de entidades estatales deberían ser convocadas a declarar para esclarecer posibles responsabilidades.
