El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que su gestión será un fracaso si no logra ejecutar la orden de aprehensión vigente contra el expresidente Evo Morales, acusado por el delito de trata y tráfico de personas con agravante, en declaraciones realizadas este 26 de febrero de 2026, mientras la Fiscalía aguarda la fijación de fecha para el juicio oral.

Declaraciones sobre la orden de aprehensión

El ministro Marco Antonio Oviedo sostuvo que la ejecución de la orden contra Evo Morales es un objetivo central de su gestión. Consultado sobre si consideraría un fracaso no concretar la aprehensión, respondió afirmativamente y aseguró que se hará “todo lo posible” para cumplir el mandato judicial. No obstante, advirtió que el procedimiento no es sencillo debido al riesgo de generar enfrentamientos que puedan afectar a terceros.

Proceso judicial en curso

Morales enfrenta una orden de aprehensión por una acusación de trata y tráfico de personas con agravante, relacionada con una presunta relación con una menor de edad años atrás. Días antes, la Fiscalía informó que la investigación fue concluida y se espera la fijación de fecha y hora para el juicio oral. Además, se advirtió que el exmandatario podría ser declarado en rebeldía si no asiste a las citaciones judiciales correspondientes.

Cuestionamientos y postura del exmandatario

Oviedo criticó que el exjefe de Estado permanezca en el Trópico y, según dijo, se respalde en seguidores para evitar su aprehensión, señalando que esa actitud formaría parte de una conducta reiterada en su trayectoria política. Por su parte, Morales manifestó en días recientes, a través de redes sociales, que no es “prófugo ni impune” y que considera el proceso en su contra como una persecución política.

Escenario político y judicial

El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política y judicial, donde la ejecución de la orden de aprehensión podría tener repercusiones en el ámbito institucional y social. Desde el Ministerio de Gobierno se insiste en que la actuación se enmarca en el cumplimiento de la ley, mientras que el exmandatario mantiene su defensa pública y cuestiona la legitimidad del proceso en su contra.