La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en emergencia y convocó a una marcha de protesta contra el nuevo gobierno, exigiendo la protección de los derechos laborales y la continuidad de la subvención de carburantes, tras reunirse en su primer ampliado nacional en Cobija este 22 de octubre.
Declaratoria de emergencia
El primer ampliado nacional de la renovada COB aprobó una resolución que declara el estado de emergencia permanente para proteger los derechos de los trabajadores y las conquistas laborales alcanzadas en años anteriores. El nuevo secretario ejecutivo, Mario Argollo, aseguró que la organización no permitirá la eliminación de la subvención de combustibles ni la privatización de la educación.
Convocatoria a marcha
Aunque todavía no se fijó la fecha exacta, la COB anunció la realización de una marcha de protesta contra el nuevo gobierno, en la que buscarán visibilizar su posición y exigir el respeto a las condiciones laborales. La movilización forma parte del plan de acción definido durante el ampliado realizado en Cobija el 10 de octubre.
Reunión con el presidente electo
Argollo señaló que esperan una convocatoria para reunirse con el presidente electo Rodrigo Paz Pereira y aseguró que la COB será propositiva en el diálogo. “Vamos a dar nuestras propuestas al nuevo gobierno, nuestro pliego petitorio”, afirmó el dirigente, destacando la intención de colaborar sin ser intransigentes.
Subvención de combustibles como prioridad
A pesar de que el equipo económico del presidente electo ya indicó que no eliminará la subvención de combustibles al transporte público, la COB insistió en la defensa del precio diferenciado, recordando experiencias pasadas en Bolivia y Ecuador donde la supresión de este beneficio generó fuertes protestas y conflictos sociales.
Contexto histórico
Durante los gobiernos del MAS, la COB formó parte de la estructura gubernamental, apoyando las decisiones sin condiciones. Sin embargo, Argollo enfatizó que, en esta nueva etapa, la organización actuará con autonomía para proteger los intereses de los trabajadores y asegurar que las medidas del nuevo Ejecutivo respeten los derechos adquiridos.
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