El Gabinete de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que busca fortalecer la capacidad del Estado para recuperar deudas e imponer sanciones con mayor eficacia.

Objetivo de la norma

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, informó que el proyecto busca regular los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, estableciendo plazos, mecanismos claros para la presentación de pruebas y recursos. Con ello se pretende dar mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a las partes involucradas.

De instructivos a rango de ley

Actualmente, estos procedimientos están regulados únicamente por instructivos del Tribunal Supremo de Justicia, sin rango legal. La nueva propuesta busca dotar de legalidad a estos procesos y dar certeza a ciudadanos y empresas que enfrentan litigios con el Estado.

Plazos y garantías

El proyecto plantea plazos más definidos y recursos de apelación que permitan a los procesados recurrir en caso de no estar de acuerdo con un fallo. También se busca reducir la extensión de los juicios, especialmente en juzgados coactivos donde algunos procesos permanecen abiertos desde 2012.

Beneficios esperados

De acuerdo con Saravia, la norma permitirá agilizar los procedimientos, disminuir cargas procesales para las instituciones públicas y reducir costos para los abogados y ciudadanos involucrados.

Próximos pasos

El anteproyecto será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su análisis y tratamiento, con el fin de actualizar una normativa que data de 2002 y que ha mostrado limitaciones en su aplicación.