Etiqueta: Justicia

  • Dictan 180 días de detención preventiva para chofer acusado de la muerte de Sebastián Vespa

    Dictan 180 días de detención preventiva para chofer acusado de la muerte de Sebastián Vespa

    La Justicia dispuso la detención preventiva por 180 días del conductor del micro implicado en el atropello que provocó la muerte del universitario Sebastián Vespa Montero, de 21 años, mientras avanzan las investigaciones por este hecho de tránsito ocurrido en el centro de la ciudad de Santa Cruz, en una audiencia cautelar marcada por pedidos de justicia y escenas de profundo dolor por parte de la familia de la víctima.

    Audiencia cautelar y decisión judicial

    La audiencia cautelar se desarrolló este viernes en el Juzgado de Los Lotes, donde el juez valoró los elementos presentados por el Ministerio Público y la defensa del imputado. Tras escuchar los argumentos y evaluar los indicios vinculados al hecho, la autoridad judicial determinó la detención preventiva del conductor por un periodo de 180 días, medida que deberá cumplirse en un recinto penitenciario mientras continúa la etapa investigativa del proceso penal.

    Antecedentes del conductor acusado

    Previo a la audiencia, el director de Tránsito, coronel Martín Arequipa, informó que el chofer acusado es reincidente en hechos de tránsito con consecuencias graves. Según la autoridad policial, en la gestión 2024 el mismo conductor protagonizó otro atropello, en el que resultó herida una mujer de 52 años, antecedente que fue considerado dentro de la valoración del riesgo procesal y la conducta del imputado.

    Pedido de perdón durante la audiencia

    Durante el desarrollo del acto procesal, el conductor tomó la palabra y se dirigió a los padres y familiares de Sebastián Vespa Montero. En su intervención, expresó un pedido de disculpas por lo ocurrido y señaló: “Espero que algún día, más adelante, puedan perdonarme”. Sus palabras se dieron en un ambiente de tensión y dolor, mientras los allegados de la víctima exigían una sanción ejemplar.

    Clamor de justicia de la familia

    Uno de los momentos más conmovedores de la audiencia se produjo cuando el padre del joven fallecido se acercó al estrado judicial y, visiblemente afectado, se arrodilló frente al juez para pedir justicia. El progenitor solicitó que el responsable sea enviado a prisión y que el caso no quede impune, en medio de muestras de apoyo de otros familiares y asistentes a la audiencia.

    Hecho de tránsito bajo investigación

    Sebastián Vespa Montero perdió la vida tras ser atropellado por un micro el pasado martes en el centro de la ciudad de Santa Cruz. El joven universitario tenía 21 años y su fallecimiento generó consternación en su entorno familiar, académico y social. Con la detención preventiva dispuesta, el proceso continuará mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones para esclarecer plenamente las circunstancias del hecho y definir las responsabilidades penales correspondientes.

  • Consejo de la Magistratura inicia proceso por faltas gravísimas contra juez Herbert Zeballos

    Consejo de la Magistratura inicia proceso por faltas gravísimas contra juez Herbert Zeballos

    El Consejo de la Magistratura, a través de su presidente Carlos Spencer Arancibia, activó un proceso disciplinario por faltas gravísimas contra el juez Herbert Zeballos, implicado en el caso denominado “Narcomaletas”, anunció la solicitud de suspensión provisional, reveló que el magistrado acumula 17 procesos disciplinarios en curso y confirmó la cooperación institucional con el Ministerio Público, durante una conferencia de prensa ofrecida este martes en la ciudad de Sucre.

    Proceso disciplinario por faltas gravísimas y ética judicial

    El presidente del Consejo de la Magistratura (CM) informó que la institución decidió iniciar un proceso por faltas gravísimas contra el juez Herbert Zeballos, al considerar que los hechos investigados afectan de manera directa la ética profesional y comprometen seriamente la imagen del Órgano Judicial. Spencer subrayó que las autoridades judiciales y administradores de justicia deben actuar con absoluta integridad, remarcando que cualquier conducta que dañe la confianza ciudadana será sancionada conforme a la normativa vigente.

    Historial de 17 procesos disciplinarios en curso

    Durante su exposición, la autoridad detalló que el juez Zeballos registra un amplio historial disciplinario, producto de una intervención institucional realizada en la gestión 2025. En ese marco, se identificaron 10 procesos por faltas graves aún en curso, a los que se suman siete procesos adicionales iniciados con anterioridad, lo que eleva a 17 las causas disciplinarias activas. Además, Spencer precisó que existe un proceso adicional vinculado al caso Colegio Alemán, en el que se prevé la instalación de un juicio disciplinario para evaluar una eventual destitución.

    Solicitan suspensión provisional del magistrado

    Como parte de las medidas inmediatas, el Consejo de la Magistratura anunció que presentará una solicitud formal de suspensión provisional ante el juez disciplinario correspondiente. El objetivo es apartar temporalmente a Herbert Zeballos del cargo, mientras se desarrolla el proceso orientado a su destitución definitiva, sustentado en los elementos probatorios recabados hasta el momento. Spencer señaló que esta acción busca preservar la institucionalidad y garantizar transparencia en el sistema judicial.

    Designación de juez suplente para garantizar continuidad

    En cumplimiento de la Ley 025 del Órgano Judicial, el Consejo instruirá al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz la designación de un juez suplente provisional, con el fin de asegurar la continuidad del servicio de justicia en el juzgado actualmente bajo investigación. La medida apunta a evitar perjuicios a los usuarios del sistema judicial y mantener el normal funcionamiento de los procesos en curso.

    Cooperación con la Fiscalía en investigación penal

    Finalmente, el presidente del Consejo de la Magistratura confirmó que la institución coadyuva con el Ministerio Público en la investigación penal seguida contra el juez Zeballos por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas. Aseguró que se está facilitando toda la información requerida por la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento de los hechos, reafirmando el compromiso del Consejo con la legalidad y la lucha contra la corrupción en el ámbito judicial.

  • Exministra Sabina Orellana fue impedida de salir del país por restricción legal

    Exministra Sabina Orellana fue impedida de salir del país por restricción legal

    La Policía evitó que la exministra de Culturas abandone Bolivia rumbo a Argentina, debido a la obligación legal que tienen las autoridades salientes de permanecer tres meses en territorio nacional.

    Intento de salida frustrado en frontera con Argentina

    La exministra de Culturas, Sabina Orellana Cruz, intentó abandonar el país el domingo 25 de enero con destino a la República Argentina; sin embargo, su salida fue impedida por efectivos policiales en el puesto fronterizo de Villazón, en el departamento de Potosí. El hecho se produjo en cumplimiento de la normativa vigente que restringe temporalmente la salida del país a exautoridades del nivel central del Estado.

    La información fue confirmada este lunes por el director de Interpol Bolivia, Pompeo Sánchez, quien precisó que el control migratorio detectó que Orellana aún se encontraba dentro del plazo establecido por ley para permanecer en territorio nacional tras dejar el cargo.

    No hubo aprehensión ni arresto

    El jefe policial aclaró que la exautoridad no fue aprehendida ni arrestada, debido a que la Ley 1352 no contempla sanciones penales inmediatas como la detención. En ese marco, la Policía únicamente procedió a comunicarle que no podía abandonar el país y le recomendó cumplir con la disposición legal vigente.

    Sánchez explicó que el rol de la Policía en estos casos se limita a hacer cumplir la norma administrativa, sin ejecutar acciones coercitivas adicionales, siempre que no exista una orden judicial expresa o una investigación penal abierta en curso.

    Alcances de la Ley 1352

    La Ley N° 1352 establece la obligación de permanecer en Bolivia por tres meses para las autoridades nacionales, departamentales y municipales que hayan concluido su mandato. Esta disposición alcanza a ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes y otras altas autoridades del Estado.

    Según la normativa, esta permanencia obligatoria tiene como finalidad garantizar que las autoridades salientes puedan rendir informes, aclarar observaciones administrativas y responder a eventuales requerimientos de las instancias de control del Estado.

    Transparencia y control posterior a la gestión

    El espíritu de la ley apunta a fortalecer la transparencia y evitar la impunidad, especialmente ante posibles hechos de corrupción cometidos durante la gestión pública. La norma señala que este periodo permite precautelar los intereses del Estado y asegurar la continuidad administrativa de las instituciones públicas.

    Asimismo, la permanencia obligatoria busca facilitar auditorías, procesos de transición ordenados y la entrega de documentación que respalde la ejecución de políticas públicas, programas y uso de recursos estatales durante la gestión concluida.

    El caso de la exministra Sabina Orellana reavivó el debate público sobre el cumplimiento de esta normativa y el rol de los controles fronterizos, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor fiscalización y responsabilidad de las exautoridades tras dejar funciones en el Estado.

  • Justicia rechaza recurso de Luis Arce y mantiene proceso por la vía ordinaria

    Justicia rechaza recurso de Luis Arce y mantiene proceso por la vía ordinaria

    La Sala Penal Cuarta de La Paz negó un recurso presentado por el expresidente Luis Arce y ratificó que continúe el proceso ordinario por el caso Fondo Indígena.

    Sala Penal rechaza pedido de la defensa

    La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz rechazó el recurso de incompetencia y falta de acción presentado por la defensa del expresidente Luis Arce, con el cual se pretendía que el proceso en su contra sea tramitado mediante un juicio de responsabilidades. Con esta decisión, la Justicia ratificó que el caso continúe por la vía ordinaria dentro de la investigación relacionada con el Fondo Indígena.

    El exmandatario es investigado por presuntos delitos de conducta antieconómica y otros ilícitos vinculados a su gestión como ministro de Estado, en el marco de los hechos observados en el manejo de recursos del mencionado fondo.

    Argumentos expuestos en la audiencia

    Durante la audiencia, la defensa de Arce planteó que, al momento de los hechos investigados, este ejercía el cargo de ministro de Estado, por lo que correspondía la aplicación de la Ley 2445 de Juicio de Responsabilidades. En ese sentido, solicitó que la jurisdicción ordinaria se declare incompetente para conocer el proceso.

    Sin embargo, el tribunal consideró que los argumentos presentados no eran suficientes para modificar la vía procesal, por lo que determinó rechazar la excepción y mantener la competencia de la justicia ordinaria en la causa.

    Antecedentes del recurso rechazado

    No es la primera vez que la defensa del expresidente intenta este mecanismo legal. En diciembre pasado, ya se había presentado un recurso similar con el mismo objetivo, el cual fue rechazado en primera instancia. Posteriormente, se interpuso una apelación para que el pedido sea reconsiderado, pero la Sala Penal volvió a negar la solicitud.

    Proceso continuará en la justicia ordinaria

    Con esta resolución, el proceso contra Luis Arce seguirá su curso en la vía ordinaria, conforme a las determinaciones judiciales vigentes. El fallo ratifica la posición del tribunal respecto a la competencia para conocer el caso, mientras la investigación por el caso Fondo Indígena continúa en instancias judiciales correspondientes.

  • Santa Cruz: Justicia dispone libertad para juez acusado de afectar el proceso electoral subnacional

    Santa Cruz: Justicia dispone libertad para juez acusado de afectar el proceso electoral subnacional

    El juez Michael Quiroga, del municipio de Cuatro Cañadas, recuperó su libertad tras una decisión fiscal que dispuso el cese de su arresto policial, luego de una denuncia presentada por el Tribunal Supremo Electoral, por presuntamente amenazar el normal desarrollo del proceso electoral subnacional de 2026, hecho ocurrido en Santa Cruz, mientras continúan las investigaciones y auditorías judiciales este 21 de enero.

    Juez recupera su libertad tras decisión fiscal

    El juez Michael Quiroga fue puesto en libertad este martes luego de permanecer bajo arresto policial, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Fiscalía determinó cesar la medida restrictiva, aunque aclaró que el proceso continúa abierto y que el jurista deberá comparecer el próximo lunes a una audiencia informativa, dentro de la causa por presuntas resoluciones contrarias a la normativa vigente.

    Recurso constitucional generó observaciones del TSE

    La denuncia contra Quiroga surgió luego de que el juez admitiera un recurso constitucional, que según el TSE podría comprometer el desarrollo de las elecciones subnacionales de 2026. La acción judicial estaría vinculada a la personería jurídica de una organización política, situación que fue considerada por las autoridades electorales como un riesgo para la seguridad jurídica y el calendario electoral del país.

    Consejo de la Magistratura interviene el juzgado

    El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, confirmó la ejecución de una intervención inmediata al despacho judicial de Cuatro Cañadas. La medida incluye una auditoría técnica de los expedientes y de los procedimientos aplicados por el juez, con el objetivo de determinar si existió un exceso de competencias legales al momento de tramitar la acción de amparo cuestionada.

    Evaluación de posibles faltas gravísimas

    Desde el ente disciplinario se informó que se evalúa si la conducta del juez Quiroga se enmarca dentro de faltas gravísimas, las cuales podrían derivar en sanciones administrativas severas, incluida la suspensión del cargo. La Magistratura recordó que la normativa vigente permite la suspensión directa de autoridades judiciales cuando sus decisiones ponen en riesgo procesos de interés nacional, como los comicios electorales.

    Fiscalización continúa para proteger el proceso electoral

    Mientras el Ministerio Público prosigue con las investigaciones penales, el Consejo de la Magistratura aseguró que continuará con una fiscalización exhaustiva, recopilando indicios para establecer el grado de responsabilidad del juez. Las autoridades judiciales reiteraron que estas acciones buscan garantizar la seguridad jurídica, preservar la institucionalidad y asegurar el normal desarrollo del proceso electoral subnacional previsto para 2026.

  • Fiscalía apela la detención domiciliaria otorgada a Zenón Mamani

    Fiscalía apela la detención domiciliaria otorgada a Zenón Mamani

    El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la detención domiciliaria concedida al exministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, investigado por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, decisión asumida por un juez cautelar en Sucre, mientras la Fiscalía insiste en la detención preventiva, este lunes.

    Fiscalía cuestiona la decisión del juez cautelar

    El fiscal anticorrupción Ronald Jurado informó que el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación incidental contra la determinación judicial que otorgó detención domiciliaria al exministro Zenón Mamani. La Fiscalía considera que la medida es insuficiente, ya que durante la audiencia cautelar se solicitó formalmente la detención preventiva, debido a la gravedad de los delitos investigados y a los riesgos procesales identificados.

    Ministerios también presentaron recursos de apelación

    De manera paralela a la acción del Ministerio Público, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) también presentaron recursos de apelación contra la resolución judicial. Según explicó Jurado, estas instituciones consideran que la decisión del juez no se ajusta a la complejidad del proceso ni a los presuntos daños económicos observados en los contratos cuestionados.

    Medidas cautelares impuestas al exministro

    Cabe recordar que la autoridad judicial dispuso para Zenón Mamani la detención domiciliaria, además de arraigo, el pago de una fianza económica de 50.000 bolivianos, la obligación de presentarse dos veces al mes ante el sistema biométrico del Ministerio Público y la verificación periódica de su domicilio. Estas medidas fueron cuestionadas por la Fiscalía, que insiste en que no garantizan plenamente el desarrollo de la investigación.

    Proceso involucra a exautoridades del área productiva

    El fiscal Jurado remarcó que tanto Zenón Mamani como el exministro Néstor Huanca son investigados por los mismos delitos, en el marco de un proceso relacionado con contratos observados por Emapa y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Precisó que durante la gestión de Huanca se suscribieron los contratos cuestionados, los cuales continuaron vigentes durante la administración de Mamani sin haber sido sometidos a observaciones ni auditorías.

    Investigación continúa en etapa activa

    El Ministerio Público reiteró que el proceso penal continúa en etapa activa, con el objetivo de esclarecer responsabilidades por presuntos hechos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La Fiscalía aguarda que la instancia superior revise la apelación presentada y determine si corresponde modificar la situación jurídica del exministro, en función de los elementos acumulados dentro de la investigación.

  • Fiscalía identifica a los autores intelectuales del asesinato de Mauricio Aramayo

    Fiscalía identifica a los autores intelectuales del asesinato de Mauricio Aramayo

    La Fiscalía Departamental de Tarija confirmó la identificación de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido el 8 de enero en la ciudad de Tarija, señalando que las personas que contrataron a los ejecutores materiales ya están plenamente individualizadas, mientras la investigación continúa bajo estricta reserva judicial, este lunes.

    Fiscalía confirma avance clave en la investigación

    El Ministerio Público de Tarija informó que se logró identificar a los responsables intelectuales del asesinato de Mauricio Aramayo, un hecho de sangre que generó fuerte impacto en la opinión pública. El fiscal departamental José Ernesto Mogro señaló que los investigadores establecieron con claridad quiénes contrataron a los autores materiales del crimen, aunque estas personas aún no fueron capturadas y se ejecutan operativos para dar con su paradero.

    Caso permanece bajo reserva judicial

    La autoridad fiscal explicó que el proceso se encuentra bajo estricta reserva judicial, disposición emitida por una jueza cautelar, con el objetivo de resguardar las pruebas recolectadas, evitar filtraciones de información sensible y prevenir posibles fugas de los implicados. Esta medida busca garantizar la efectividad de las actuaciones investigativas y el éxito de los operativos en curso.

    Identifican a copartícipe del ataque armado

    Como parte del avance en las pesquisas, también se logró identificar al copartícipe que acompañaba al ciudadano uruguayo Marco Adrián C.E., señalado como el autor de los disparos realizados desde una motocicleta. Este último se encuentra actualmente con detención preventiva en el centro penitenciario de Morros Blancos, mientras se fortalece la teoría del caso con nuevos elementos probatorios.

    Allanamientos y nuevos testigos refuerzan la causa

    La comisión de fiscales, en coordinación con la Policía Boliviana, realizó allanamientos, recolección de indicios y toma de declaraciones a nuevos testigos, acciones que permitieron consolidar la línea investigativa sobre el homicidio. Las autoridades señalaron que estas diligencias fueron determinantes para establecer la estructura criminal y la presunta participación de autores intelectuales en el hecho.

    Vínculos políticos y continuidad de las investigaciones

    Mauricio Aramayo mantenía un estrecho vínculo personal y político con el presidente Rodrigo Paz Pereira, quien recientemente relacionó el crimen con actos de corrupción durante un evento público. Aramayo falleció tras recibir impactos de arma de fuego mientras se encontraba dentro de su vehículo. Las investigaciones continúan bajo sigilo con el objetivo de cerrar el círculo de responsables y garantizar que todos los involucrados enfrenten a la justicia.

  • Dorgathen es declarado rebelde y la Justicia activa orden de aprehensión internacional

    Dorgathen es declarado rebelde y la Justicia activa orden de aprehensión internacional

    La Justicia boliviana declaró este miércoles en rebeldía a Armin Dorgathen, expresidente de YPFB, tras su inasistencia a la audiencia cautelar en La Paz, dentro del caso Botrading, y dispuso su aprehensión y búsqueda internacional por presuntos hechos de corrupción vinculados a la compra de combustibles.

    Rebeldía y activación del sello rojo

    El Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 5 determinó declarar rebelde a Armin Dorgathen, luego de que el exejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no se presentara a su audiencia de medidas cautelares. Ante esta situación, la autoridad judicial emitió un mandamiento de aprehensión y ordenó la activación del sello rojo de Interpol, mecanismo que permite la localización y detención preventiva del investigado en cualquier país.

    Medidas patrimoniales y arraigo

    El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, informó que también se dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias de Dorgathen, además del arraigo nacional, la anotación preventiva de todos sus bienes inmuebles y la conservación de los instrumentos de convicción. Estas medidas buscan garantizar la presencia del imputado en el proceso y resguardar posibles recursos vinculados a los hechos investigados por el Ministerio Público.

    Presunta fuga y paradero

    Según los indicios oficiales, Dorgathen se encontraría actualmente en Brasil, país al que habría salido a inicios de diciembre de 2025. En días recientes, incluso, circuló un video en redes sociales donde se observa a la exautoridad en un parque brasileño, siendo increpado por personas que lo reconocieron y lo acusaron públicamente de actos de corrupción relacionados con su gestión al frente de la petrolera estatal.

    Investigación por el caso Botrading

    El exexpresidente de YPFB es investigado en el denominado caso Botrading, que indaga presuntas irregularidades en contratos de importación de diésel y gasolina durante las gestiones 2023 a 2025. De acuerdo con la Fiscalía, Dorgathen y otros exfuncionarios habrían adjudicado contratos a Botrading, subsidiaria de YPFB con sede en Paraguay, con precios superiores al valor de mercado, generando un presunto beneficio económico indebido.

    Daño económico y versiones contrapuestas

    El Ministerio Público estima un daño económico al Estado cercano a los 800 millones de dólares, aunque no se descarta que el monto sea mayor, ya que las investigaciones continúan y se abrió un nuevo proceso denominado Botrading II. En su defensa, Dorgathen negó cualquier responsabilidad y aseguró que no existieron irregularidades, argumento que también fue respaldado parcialmente por una comisión legislativa que, si bien no halló pruebas concluyentes, recomendó profundizar las investigaciones.

  • Fiscalía apela detención preventiva y solicita seis meses de reclusión para Montaño

    Fiscalía apela detención preventiva y solicita seis meses de reclusión para Montaño

    El Ministerio Público apeló la decisión judicial que ordenó cuatro meses de detención preventiva para el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y pidió seis meses de reclusión mientras avanza la investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados a un contrato carretero, registrados entre 2015 y 2025, en la ciudad de La Paz.

    La Fiscalía informó este lunes que presentó una apelación contra la determinación judicial que dispuso cuatro meses de detención preventiva para el exministro de Obras Públicas Edgar Montaño. El Ministerio Público solicitó que la medida sea ampliada a seis meses, conforme a lo establecido en la imputación formal presentada dentro del proceso penal.

    Investigación por presunto daño económico

    El fiscal del caso, Omar Yujra, explicó que Montaño es investigado por un presunto hecho de corrupción relacionado con la construcción de un tramo carretero. Según los datos preliminares, el posible daño económico al Estado bordearía los tres millones de dólares, aunque la cifra exacta será determinada mediante una auditoría forense especializada.

    El Ministerio Público imputó al exministro por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, figuras penales que están contempladas en la normativa vigente y que implican responsabilidades administrativas y penales.

    Contratos modificatorios bajo observación

    Yujra precisó que los hechos investigados se originaron en 2015, cuando el contrato inicial para la obra sufrió varias modificaciones. En el caso específico de Montaño, la investigación se concentra en los contratos modificatorios firmados entre 2020, 2021 y 2025, periodo en el que ejercía funciones como ministro de Obras Públicas.

    De acuerdo con la Fiscalía, estos cambios contractuales habrían generado incrementos económicos injustificados y posibles irregularidades administrativas que ahora son objeto de análisis técnico y legal.

    Otras autoridades bajo investigación

    El fiscal confirmó que no se trata de un caso aislado, ya que existen más de ocho personas investigadas, entre exautoridades y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Todos ellos habrían tenido cargos de responsabilidad y decisión dentro del proceso de contratación y ejecución del proyecto.

    “La investigación alcanza a quienes tenían autoridad máxima dentro de ambas instituciones”, sostuvo Yujra, al señalar que las diligencias continúan en curso.

    Defensa solicita traslado a Santa Cruz

    La defensa de Edgar Montaño anunció que pedirá su traslado a la ciudad de Santa Cruz para el cumplimiento de la detención preventiva. El argumento central es que el exministro tiene su domicilio, familia y actividades laborales en ese distrito judicial.

    El proceso forma parte de una serie de investigaciones impulsadas por el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en contratos de infraestructura ejecutados en anteriores gestiones, con el objetivo de establecer responsabilidades y determinar posibles daños al Estado.

  • Exministro Édgar Montaño es enviado a San Pedro con detención preventiva por cuatro meses

    Exministro Édgar Montaño es enviado a San Pedro con detención preventiva por cuatro meses

    La Justicia determinó la detención preventiva por cuatro meses del exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien fue enviado al penal de San Pedro de la ciudad de La Paz mientras avanzan las investigaciones en su contra por presuntos hechos de corrupción vinculados a la construcción de la doble vía El Sillar, en la carretera Cochabamba–Santa Cruz.

    La decisión fue asumida tras una audiencia de medidas cautelares que se extendió por cerca de cuatro horas y se desarrolló de manera virtual. En ella, la autoridad jurisdiccional valoró los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público y resolvió aplicar la medida más gravosa, aunque por un plazo menor al solicitado por la Fiscalía, que había pedido seis meses de detención.

    Montaño enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Según la investigación fiscal, durante su gestión se habrían suscrito contratos y modificaciones contractuales que beneficiaron a una empresa china encargada de la obra, generando un presunto daño económico estimado en aproximadamente tres millones de dólares.

    El fiscal del caso explicó que uno de los elementos observados es la aplicación de un tipo de cambio desfavorable para el Estado en los pagos realizados, además de la autorización de cláusulas modificatorias que habrían incrementado los costos del proyecto sin una justificación técnica adecuada.

    El exministro fue aprehendido en la ciudad de Santa Cruz y trasladado posteriormente a La Paz. Durante un breve contacto con los medios, negó las acusaciones y afirmó que el proceso en su contra responde a motivaciones políticas. Actualmente, Montaño permanecerá en el mismo recinto penitenciario donde también se encuentra detenido de manera preventiva el expresidente Luis Arce, investigado por el caso Fondo Indígena.

  • Justicia dicta detención domiciliaria para mineros hallados con Bs 147 mil durante protestas de la COB

    Justicia dicta detención domiciliaria para mineros hallados con Bs 147 mil durante protestas de la COB

    Un juez cautelar ordenó detención domiciliaria, arraigo y una fianza de 10.000 bolivianos para tres trabajadores mineros aprehendidos durante las movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503, tras ser sorprendidos con altas sumas de dinero cuya procedencia no fue acreditada.

    Medidas cautelares y restricciones

    La autoridad judicial determinó además la prohibición de participar en protestas y la obligación de cumplir con el registro biométrico ante el Ministerio Público. Los sindicados enfrentan cargos por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, luego de ser interceptados en inmediaciones de la Plaza Murillo portando más de 147.000 bolivianos.

    Detalles del operativo policial

    El fiscal del caso, Julio Carrafi, informó que los aprehendidos mostraron una actitud nerviosa ante la presencia policial e intentaron ocultar el dinero en mochilas y envoltorios de yute. Según el reporte oficial, uno de ellos transportaba 104.967 bolivianos, mientras que los otros dos llevaban 19.500 y 23.000 bolivianos, respectivamente.

    Investigación por posible financiamiento de protestas

    Durante la audiencia cautelar, los acusados optaron por guardar silencio, por lo que la investigación se centra ahora en establecer si los recursos estaban destinados al financiamiento de los conflictos sociales registrados en la sede de Gobierno.

    Contexto de las movilizaciones

    Las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) y del sector minero asalariado continúan exigiendo la anulación del Decreto Supremo 5503, que modifica la subvención a los combustibles. Pese a la apertura de mesas de diálogo con el Ejecutivo, el clima de tensión persiste tras los recientes enfrentamientos que dejaron policías heridos y múltiples arrestos.

    Peritajes en curso

    El Ministerio Público procedió al secuestro del dinero y de los teléfonos celulares de los imputados, que serán sometidos a peritajes para esclarecer el origen y el destino final de los fondos incautados.

  • Viceministro afirma que la investigación del Fondo Indígena podría involucrar también a Evo Morales

    Viceministro afirma que la investigación del Fondo Indígena podría involucrar también a Evo Morales

    El viceministro de Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, señaló que la investigación por el manejo irregular de recursos del Fondo Indígena podría ampliarse a otras autoridades, incluido el expresidente Evo Morales, dependiendo de la información que surja durante la etapa preliminar del caso.

    La declaración surge después de la aprehensión del exmandatario Luis Arce, quien fue trasladado por la Policía debido a indicios de que, cuando ejercía el cargo de ministro de Economía y Finanzas, habría autorizado la transferencia de fondos públicos hacia cuentas particulares destinadas a proyectos productivos.

    García explicó que la investigación no descarta a ninguna persona que pudiera tener relación con las decisiones administrativas que permitieron el desvío de recursos. Afirmó que una resolución ministerial atribuida a Arce es uno de los elementos en revisión, pero que si el exmandatario señalara que las autorizaciones contaban con respaldo presidencial, la pesquisa tendría que alcanzar también a Morales.

    El viceministro mencionó que parte de esta línea de investigación surge de la declaración de descargo de la exdiputada Lidia Patty, quien sostuvo que no actuó por cuenta propia y que las decisiones financieras se tomaban bajo instrucción del Ministerio de Economía.

    Durante la audiencia de medidas cautelares, García consideró que existen elementos suficientes para solicitar la detención preventiva de Arce, aunque aclaró que la definición sobre su situación jurídica corresponde al juzgado a cargo del proceso. Así informó Erbol.

  • Exviceministro Jhonny Aguilera rechaza denuncias y asegura que acudirá a declarar a la Fiscalía

    Exviceministro Jhonny Aguilera rechaza denuncias y asegura que acudirá a declarar a la Fiscalía

    El exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó que asistirá a su declaración ante la Fiscalía luego de haber sido citado por una denuncia presentada por el coronel de Policía Pavel César Vásquez Pastor. El proceso también involucra al excomandante general Augusto Juan Russo Sandoval.

    Ambos oficiales fueron convocados para presentarse ante el fiscal Róger Rosas Iglesias, responsable de casos relacionados con delitos contra la integridad personal. La denuncia hace referencia a presuntos hechos ocurridos durante anteriores gestiones en la institución policial.

    Aguilera sostuvo que no tiene ninguna intención de eludir el proceso y que entregará documentación para respaldar su versión. Afirmó que las acusaciones carecen de fundamento y señaló que existe información distorsionada que incluso llegó a afirmar que había abandonado el país, extremo que negó categóricamente.

    Indicó además que su presencia en la Fiscalía servirá para aclarar los hechos y desvirtuar lo que considera una acusación infundada. Mientras tanto, el proceso continúa en etapa preliminar a la espera de las declaraciones de ambos generales. Así informó El Deber.

  • Aprehenden al excandidato presidencial Chi Hyun Chung por presuntos delitos contra la vida

    Aprehenden al excandidato presidencial Chi Hyun Chung por presuntos delitos contra la vida

    El médico Chi Hyun Chung fue aprehendido por la Policía Boliviana este martes 9 de diciembre de 2025 en la zona de Los Tusequis, Santa Cruz, mediante un mandamiento emitido por la Fiscalía Departamental, en el marco de una investigación abierta en su contra por presuntos delitos contra la vida.

    Detención del excandidato presidencial

    El médico y excandidato presidencial Chi Hyun Chung fue aprehendido por efectivos de la Policía Boliviana en la ciudad de Santa Cruz. La detención se ejecutó este martes, 9 de diciembre de 2025, en cumplimiento de un mandamiento de aprehensión emitido por la Fiscalía Departamental. El documento, firmado por el fiscal Jhamir Funes García, instruye a la autoridad policial a trasladar al galeno a las oficinas de la Unidad Especial de Lucha Contra el Crimen.


    Lugar y comparecencia ante la justicia

    Tras su arresto, Chi fue conducido inmediatamente a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ubicadas en la zona de Los Tusequis, específicamente en la EPI-8, en el séptimo anillo. El excandidato deberá prestar declaraciones y comparecer ante la justicia en esta unidad, donde se le notificará oficialmente su situación procesal y los detalles de la acusación.


    El proceso judicial en curso

    La investigación en su contra está abierta por presuntos delitos contra la vida. Aunque el contenido específico de la acusación formal aún no ha sido revelado por el Ministerio Público, la Fiscalía informó que el proceso está en curso. Se espera que en las próximas horas se definan las medidas que la institución solicitará a la autoridad jurisdiccional, con lo que se conocerá el futuro legal del médico.


    Repercusión de la aprehensión

    Chi Hyun Chung es una figura pública conocida por sus posiciones conservadoras y su participación como candidato presidencial en las elecciones generales de 2019, manteniendo presencia en la fase preelectoral rumbo a los comicios de 2025. Su aprehensión genera gran expectativa a nivel nacional, tanto en la esfera política como en la opinión pública, respecto a los hechos que han derivado en esta acusación formal.

  • Allanan oficinas del Fondo Indígena por denuncias sobre ocho proyectos observados

    Allanan oficinas del Fondo Indígena por denuncias sobre ocho proyectos observados

    Efectivos de la Policía y del Ministerio Público allanaron este miércoles las oficinas del Fondo Indígena en la ciudad de La Paz, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades detectadas en ocho proyectos ejecutados en distintas comunidades. La indagación también alcanza a la exdiputada del MAS Lidia Patty, conocida por su denuncia sobre el supuesto “golpe” de 2019.

    El fiscal Miguel Cardozo informó que los proyectos habrían generado un daño económico al Estado, y que la sindicada Patty habría recibido varios depósitos en sus cuentas bancarias vinculados a estas iniciativas. El operativo se ejecutó para secuestrar documentación y obtener elementos de prueba.

    Cardozo aclaró que, pese a la vinculación de Patty en el caso, aún no fue notificada para prestar declaración y no existen órdenes de aprehensión en su contra dentro de este proceso.

    Efectivos policiales allanan instalaciones del Fondo Indígena. | Foto: APG.

    El Ministerio Público abrió una investigación formal contra la exlegisladora por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica, relacionados con el desfalco millonario al Fondo Indígena, uno de los casos más emblemáticos de corrupción durante el gobierno de Evo Morales.

    El Fondo Indígena, creado en 2005, administra recursos destinados a financiar proyectos de desarrollo en comunidades rurales de todo el país.

  • Excomandante Zúñiga es trasladado a La Paz para declarar ante la Felcc

    Excomandante Zúñiga es trasladado a La Paz para declarar ante la Felcc

    El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, llegó este miércoles a La Paz para prestar declaración ante la FELCC, tras ser trasladado desde la cárcel de El Abra en Cochabamba, donde cumple detención preventiva por el caso del 26 de junio de 2024.

    Juan José Zúñiga se encuentra en la ciudad de El Alto. | Foto: APG.

    Llegada y traslado a dependencias policiales

    El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, arribó al Aeropuerto Internacional de El Alto en el vuelo 600 a las 06:45. Fue escoltado por dos personas y trasladado inmediatamente a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde deberá prestar declaración por el caso denominado “intentó de golpe de Estado”.

    Acusaciones y postura de Zúñiga

    Zúñiga enfrenta un proceso por la presunta asonada del 26 de junio de 2024, un hecho que él calificó reiteradamente como un “show montado”. En breves declaraciones a los medios, afirmó que es inocente y lamentó que “quienes cometieron delitos estén libres”.

    Autorización judicial y retorno obligatorio

    Según documentación a la que tuvo acceso la prensa, el excomandante recibió autorización judicial el 18 de noviembre para su traslado a La Paz, bajo estricta responsabilidad del Régimen Penitenciario. El permiso establece que, concluida su diligencia, debe retornar a Cochabamba.

    Excomandante del Ejercito, Juan José Zúñiga, asegura que es «inocente». | Foto: APG.

    Itinerario de vuelo confirmado

    Los boletos de viaje confirman que Zúñiga regresará este mismo miércoles en el vuelo 617, programado para las 17:00, debiendo reincorporarse inmediatamente a la cárcel de El Abra, donde cumple su detención preventiva.

  • Paz advierte una “inmensa cantidad” de procesos por irregularidades en gestiones anteriores.

    Paz advierte una “inmensa cantidad” de procesos por irregularidades en gestiones anteriores.

    El presidente Rodrigo Paz afirmó este lunes en Montero que las irregularidades detectadas en gestiones anteriores generarán una gran cantidad de juicios, en el marco de investigaciones que involucran a YPFB y otras instituciones estatales.

    Rodrigo Paz y el Gobernador de Santa Cruz durante el acto de aniversario 84 de la provincia Santistevan. | Foto: El Deber

    Declaraciones durante el aniversario provincial

    En el acto por los 84 años de la provincia Obispo Santistevan, en Santa Cruz, el presidente Rodrigo Paz lamentó los hechos irregulares registrados en gobiernos pasados y expresó dudas sobre la capacidad de la justicia para atender todos los procesos que se iniciarán.

    Caso YPFB como eje de la denuncia

    Paz se refirió especialmente a la intervención en YPFB, motivada por denuncias de desvío de combustible, cobros irregulares y otras prácticas ilegales. Afirmó que estos delitos representan una “traición a la patria” y deben ser sancionados.

    Allanamientos y operativos recientes

    El lunes 1 de diciembre, equipos policiales y fiscales realizaron allanamientos en distritos comerciales, redes de gas, oficinas administrativas y plantas operativas de YPFB en distintas ciudades del país, como parte de la investigación en curso.

    Decisiones internas en la estatal petrolera

    A raíz de estos operativos, el presidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akly, anunció la destitución de los nueve directores distritales y el reemplazo de personal en las unidades intervenidas por irregularidades detectadas.

    Objetivo de las investigaciones

    Según Akly, el proceso busca el “desmantelamiento total” de supuestas estructuras ilícitas que habrían operado durante la gestión del expresidente Luis Arce, con el fin de restablecer la transparencia en la estatal petrolera.

  • Operativo de Fiscalía y FELCC interviene oficinas de EMAPA por presunta red de corrupción

    Operativo de Fiscalía y FELCC interviene oficinas de EMAPA por presunta red de corrupción

    La Fiscalía y la FELCC realizaron este martes un operativo en las oficinas de EMAPA en La Paz, donde investigan una supuesta red de corrupción denunciada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que habría operado durante la gestión del exgerente Franklin Flores.

    Inicio de la investigación

    La intervención surgió tras una denuncia formal presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, que reportó irregularidades vinculadas a la gestión de Franklin Flores, exgerente de EMAPA. Las autoridades detectaron indicios de una posible estructura de corrupción interna.

    Anomalías identificadas

    El ministro Óscar Mario Justiniano había adelantado que se encontraron diversas anomalías en los procesos administrativos de la entidad, relacionadas con el manejo de productos subvencionados y recursos institucionales.

    Maniobras detectadas por el Viceministerio

    El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, informó que las irregularidades incluyen licitaciones direccionadas, presunta malversación de recursos públicos y venta de productos subvencionados a precios superiores a los establecidos.

    Efectivos del orden durante la intervención a EMAPA. / APG

    Impacto económico para el Estado

    Según Serrano, estas acciones generaron un daño económico significativo al Estado y vulneraron la transparencia y el fin social de EMAPA como empresa pública.

    Continuidad del proceso investigativo

    Las autoridades indicaron que el caso continuará en proceso de investigación para determinar responsabilidades y establecer las acciones legales correspondientes.

    APG
    Resguardo policial en inmediaciones de EMAPA. / APG

  • Presidencia absorbe funciones de Justicia y reestructura el aparato estatal

    Presidencia absorbe funciones de Justicia y reestructura el aparato estatal

    El Gobierno dispuso que las competencias del Ministerio de Justicia pasen principalmente al Ministerio de la Presidencia como parte de una política de austeridad y reducción institucional.

    Reingeniería del Estado

    El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que las funciones del Ministerio de Justicia serán reordenadas y asumidas por su cartera. La decisión forma parte de una racionalización administrativa basada en el diagnóstico de que “el Estado está sobredimensionado”, según declaró durante una conferencia en la Casa Grande del Pueblo.

    Reorganización de viceministerios

    De los cinco viceministerios que tenía Justicia, ahora solo dos se mantienen bajo dependencia del Ministerio de la Presidencia:

    • Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos
    • Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización

    El Viceministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor fue transferido al Ministerio de Desarrollo Productivo, con el argumento de que sus funciones corresponden a la fiscalización del mercado y su regulación técnica.

    ¿Un superministerio?

    Con esta redistribución, la cartera de la Presidencia concentra siete viceministerios. No obstante, Lupo aclaró que la transferencia de áreas como el notariado y el registro de abogados tiene un carácter transitorio y busca reorganizar funciones sin incrementar el poder político del despacho.

    Funcionarios y estabilidad laboral

    El ministro descartó despidos masivos, aunque señaló que se revisará la planilla estatal para detectar casos de personal sin funciones definidas. Indicó que la racionalización se realizará respetando la experiencia del talento humano existente en la administración pública.

    Nueva autoridad en Transparencia

    Yamil García fue posesionado como viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos. La nueva autoridad anunció que su prioridad será fortalecer la autonomía institucional del sistema de justicia y garantizar reglas claras que aporten a la seguridad jurídica del país. El presidente Rodrigo Paz pidió al nuevo viceministro impulsar transformaciones profundas que permitan modernizar la administración de justicia en Bolivia.

  • Colegio de Abogados de Chuquisaca pide eliminar el RPA y recuperar plenamente sus competencias

    Colegio de Abogados de Chuquisaca pide eliminar el RPA y recuperar plenamente sus competencias

    El presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Juan Pablo Cervantes, pidió al Ministerio de Justicia la eliminación del Registro Público de Abogados (RPA), al que calificó como una instancia “paralela” que vulnera la autonomía de los colegios profesionales.

    Comunicado del Ministerio

    El pronunciamiento surge luego de que el Ministerio emitiera un comunicado devolviendo a los colegios departamentales y al Colegio Nacional la competencia para juzgar procesos disciplinarios contra los abogados, una atribución que había sido asumida por el RPA durante los últimos años.

    Cervantes destacó que la devolución de estas funciones es un paso importante, pero insistió en que la existencia misma del RPA continúa afectando la institucionalidad profesional.

    “Ojalá que esta devolución obedezca también a que todos los colegas tengan que estar inscritos y a que sea eliminado este registro paralelo”, señaló.

    Colegios profesionales tienen normativa

    El representante recordó que los colegios profesionales cuentan con normativa propia y tribunales de ética consolidados para tratar casos disciplinarios, por lo que pidió al Gobierno respetar la autonomía institucional y fortalecer las instancias colegiadas.

    El sector espera una respuesta oficial del Ministerio de Justicia sobre la continuidad o posible eliminación del RPA en los próximos días.