Asambleístas departamentales denunciaron presuntos delitos electorales contra Santos Quispe por ofrecer contratos a cambio de apoyo político; el caso ya fue presentado ante el TSE.

Denuncia por presuntos delitos electorales

Una denuncia por presuntos delitos electorales fue presentada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la candidatura del gobernador de La Paz, Santos Quispe, quien busca la reelección con el frente Unidos por el Cambio (UPC). La acusación señala que la autoridad habría extorsionado a funcionarios y consultores de la Gobernación, ofreciéndoles contratos laborales por un año a cambio de respaldo político para su campaña.

La denuncia fue interpuesta por los asambleístas departamentales Israel Alanoca y Fernando Condori, quienes adjuntaron como prueba varios audios que corresponderían a una reunión realizada el 7 de enero en el salón Tupac Katari de la Gobernación paceña. Hasta el momento, el gobernador no emitió una respuesta oficial sobre estas acusaciones.

Audios y presuntos implicados

Según los denunciantes, en los audios se escuchan voces atribuidas al gobernador Santos Quispe y a tres de sus colaboradores cercanos: Zenón Quispe, jefe de campaña de UPC; Beatriz Churata Mamani, directora técnica del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges); y Brígido Chipana Calderón, exfuncionario de la Gobernación. Dos de ellos, Zenón Quispe y Chipana, también son candidatos a asambleístas departamentales por el mismo frente político.

En uno de los registros se escucha una voz atribuida al gobernador señalar: “Nosotros les vamos a ayudar en sus contratos (…) el contrato lo vamos a realizar por un año”, lo que fue seguido por aplausos de los asistentes, según relataron los denunciantes.

Respuesta del frente político

El jefe de campaña de UPC, Zenón Quispe, afirmó que se enteraron de la denuncia por medios de comunicación y que aún no fueron notificados oficialmente por el TSE. Calificó la acusación como “guerra sucia” y sostuvo que primero debe verificarse la autenticidad y la fecha de los audios.

Asimismo, aseguró que la reunión tuvo otro objetivo y que, por el contrario, se instruyó a los funcionarios a no incurrir en ofrecimientos ilegales. Recordó que anteriormente se sancionó a personas involucradas en la venta irregular de ítems.

Análisis legal en curso

Los asambleístas denunciantes sostienen que el gobernador habría vulnerado artículos de la Ley del Régimen Electoral y del Estatuto del Funcionario Público, al presuntamente utilizar recursos y espacios estatales con fines proselitistas. El TSE analiza la documentación presentada para definir los alcances legales del caso en el marco del proceso electoral rumbo a los comicios del 22 de marzo.