El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Siles, afirmó este miércoles que cualquier decisión sobre un posible cierre de la entidad estatal debe basarse en un estudio completo de su funcionamiento, finanzas y el impacto de las subvenciones que administra.
Siles explicó que la revisión no será únicamente documental, sino que incluirá un análisis técnico, financiero y administrativo. Destacó que la sustentabilidad de las ayudas, como la subvención a la harina, debe evaluarse cuidadosamente antes de tomar decisiones que podrían afectar a productores, consumidores y la economía local.
El funcionario reconoció la presión del sector privado, que ha cuestionado la existencia de Emapa por supuestos casos de corrupción y competencia desleal con productores primarios, y señaló que estas críticas forman parte de los elementos que se analizarán junto a los resultados de auditorías integrales en curso. Dichas auditorías investigan la gestión de la empresa en todos sus aspectos, con especial atención a los últimos años, y fueron motivadas por la detección de un presunto daño económico de más de 95 millones de bolivianos por parte de la intervención del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Siles subrayó que Emapa cumple funciones estratégicas: no solo garantiza el abastecimiento de productos básicos a precios subvencionados, sino que también mantiene infraestructura, logística y plantas industriales fundamentales para el sector alimenticio. Por ello, cualquier cierre tendría repercusiones directas sobre contratos vigentes, empleo, precios y la seguridad alimentaria de la población.
El gerente consideró que, según los resultados de la auditoría, podrían explorarse alternativas como alianzas público-privadas, ajustes en la gestión o reestructuraciones internas para garantizar la continuidad de la empresa y mejorar su eficiencia, en lugar de un cierre abrupto que genere impactos negativos en la economía y en los beneficiarios de las subvenciones.
La postura de Siles refleja un equilibrio entre responder a las críticas por presuntas irregularidades y resguardar la función social y productiva de Emapa, en un momento en el que la transparencia y la eficiencia de las empresas estatales son observadas de cerca por el Gobierno, empresarios y ciudadanos.
