La Justicia boliviana declaró este miércoles en rebeldía a Armin Dorgathen, expresidente de YPFB, tras su inasistencia a la audiencia cautelar en La Paz, dentro del caso Botrading, y dispuso su aprehensión y búsqueda internacional por presuntos hechos de corrupción vinculados a la compra de combustibles.
Rebeldía y activación del sello rojo
El Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 5 determinó declarar rebelde a Armin Dorgathen, luego de que el exejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no se presentara a su audiencia de medidas cautelares. Ante esta situación, la autoridad judicial emitió un mandamiento de aprehensión y ordenó la activación del sello rojo de Interpol, mecanismo que permite la localización y detención preventiva del investigado en cualquier país.
Medidas patrimoniales y arraigo
El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, informó que también se dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias de Dorgathen, además del arraigo nacional, la anotación preventiva de todos sus bienes inmuebles y la conservación de los instrumentos de convicción. Estas medidas buscan garantizar la presencia del imputado en el proceso y resguardar posibles recursos vinculados a los hechos investigados por el Ministerio Público.
Presunta fuga y paradero
Según los indicios oficiales, Dorgathen se encontraría actualmente en Brasil, país al que habría salido a inicios de diciembre de 2025. En días recientes, incluso, circuló un video en redes sociales donde se observa a la exautoridad en un parque brasileño, siendo increpado por personas que lo reconocieron y lo acusaron públicamente de actos de corrupción relacionados con su gestión al frente de la petrolera estatal.
Investigación por el caso Botrading
El exexpresidente de YPFB es investigado en el denominado caso Botrading, que indaga presuntas irregularidades en contratos de importación de diésel y gasolina durante las gestiones 2023 a 2025. De acuerdo con la Fiscalía, Dorgathen y otros exfuncionarios habrían adjudicado contratos a Botrading, subsidiaria de YPFB con sede en Paraguay, con precios superiores al valor de mercado, generando un presunto beneficio económico indebido.
Daño económico y versiones contrapuestas
El Ministerio Público estima un daño económico al Estado cercano a los 800 millones de dólares, aunque no se descarta que el monto sea mayor, ya que las investigaciones continúan y se abrió un nuevo proceso denominado Botrading II. En su defensa, Dorgathen negó cualquier responsabilidad y aseguró que no existieron irregularidades, argumento que también fue respaldado parcialmente por una comisión legislativa que, si bien no halló pruebas concluyentes, recomendó profundizar las investigaciones.