El procurador general del Estado, Hugo León, anunció este miércoles la gestión para conformar una Comisión de la Verdad II destinada a investigar presuntas irregularidades en la compra de combustible y casos de contaminación en estaciones de servicio, mediante una solicitud enviada a la Asamblea Legislativa en Bolivia durante febrero de 2026.
Solicitud formal a la Asamblea Legislativa
La Procuraduría informó que se remitieron notas oficiales a las cámaras de Diputados y Senadores para que acrediten a los legisladores que integrarán la nueva instancia investigativa. La comisión tendrá la tarea de indagar hechos que actualmente generan preocupación pública relacionados con la calidad del combustible distribuido en el país.
Investigación sobre compras y contaminación
Según explicó Hugo León, la comisión se encargará de esclarecer posibles irregularidades en los procesos de adquisición de carburantes, además de determinar las causas que habrían provocado contaminación en algunas estaciones de servicio. La iniciativa surge ante denuncias sobre presuntos sobreprecios y reportes de daños mecánicos en vehículos atribuidos al carburante.
Contexto de cuestionamientos a YPFB
El anuncio se produce en medio de cuestionamientos dirigidos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por la calidad del combustible comercializado. En las últimas semanas se conocieron reportes técnicos y reclamos ciudadanos vinculados a fallas en motorizados, lo que motivó la apertura de investigaciones y el planteamiento de una nueva comisión especializada.
Antecedentes de la Comisión de la Verdad I
León actualmente preside la denominada Comisión de la Verdad I, encargada de investigar irregularidades del sector hidrocarburífero correspondientes a gestiones anteriores. Dentro de ese proceso se impulsan dos causas judiciales relacionadas con presuntos delitos en la empresa Botrading, filial de YPFB dedicada a la intermediación en la importación de combustibles.
Objetivo de esclarecer responsabilidades
La nueva instancia buscará identificar responsabilidades administrativas o penales en caso de comprobarse irregularidades. Desde la Procuraduría señalaron que la finalidad es brindar certeza a la población sobre la calidad del combustible y transparentar la gestión estatal en el área hidrocarburífera.