La alianza política Libre propuso que el cerco de ciudades sea tipificado como delito dentro del debate de la ley antibloqueo, iniciativa explicada por el senador José Ormachea, quien señaló que esta figura penal se adecúa al concepto de exterminio como crimen de lesa humanidad, durante una exposición realizada en el ámbito legislativo, en la ciudad de La Paz, en los últimos días.

Propuesta en el marco del debate de la ley antibloqueo

La alianza Libre planteó formalmente que el cerco de ciudades sea incorporado como un delito específico dentro del Código Penal, en el contexto del tratamiento legislativo de la denominada ley antibloqueo.

La propuesta fue presentada como una respuesta a hechos ocurridos en el país durante conflictos sociales prolongados, que derivaron en graves afectaciones a la población civil. Según la alianza, la normativa vigente resulta insuficiente para sancionar este tipo de acciones que paralizan ciudades enteras y ponen en riesgo derechos fundamentales como la vida, la salud y el acceso a servicios básicos esenciales.

Ormachea vincula el cerco con crímenes de lesa humanidad

El senador José Ormachea explicó que el tipo penal propuesto guarda relación con la figura jurídica del exterminio, reconocida como crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.

En ese sentido, señaló que el cerco de ciudades no puede ser considerado un delito menor, debido a las consecuencias humanas que genera cuando se impide el ingreso de alimentos, medicamentos y oxígeno. Como ejemplo, mencionó los hechos ocurridos durante la pandemia de la COVID-19, cuando bloqueos prolongados protagonizados por la Central Obrera Boliviana derivaron, según afirmó, en la muerte de decenas de personas que no lograron acceder oportunamente a tanques de oxígeno.

Críticas a las sanciones penales actuales

Ormachea cuestionó que este tipo de acciones sean actualmente sancionadas como delitos de bagatela, con penas máximas de hasta cuatro años de prisión, lo que en la práctica permite a los responsables evitar la cárcel. Sin embargo, aclaró que tampoco se plantea castigar estos hechos con penas extremas, como los 30 años de reclusión que corresponden a delitos como el asesinato. Para el legislador, es necesario encontrar un punto intermedio que refleje la gravedad del daño causado sin incurrir en desproporciones jurídicas.

Responsabilidad penal para autores materiales e intelectuales

La propuesta de Libre contempla la incorporación de sanciones que no se limiten al ámbito civil o pecuniario, sino que incluyan responsabilidades penales claras.

Según Ormachea, estas sanciones deben alcanzar tanto a los autores materiales como a los actores intelectuales que promueven o coordinan el cerco de ciudades. “Es imperativo que se incorpore esta figura penal con sanciones no solamente civiles, pecuniarias, sino sanciones penales”, afirmó el senador, subrayando la necesidad de proteger a la población frente a medidas de presión que, a su juicio, vulneran derechos humanos fundamentales.