Argentina exigió a la Corte Penal Internacional (CPI) una intervención urgente ante el deterioro de la situación en Venezuela, pedido que generó un tenso cruce con la delegación de Caracas durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte en La Haya.
Argentina denuncia falta de avances en la investigación
El representante argentino, Diego Emilio Sadofschi, aseguró que las “elecciones fraudulentas de julio de 2024” agravaron la crisis venezolana y lamentó la falta de progresos desde que la Fiscalía abrió oficialmente, en 2021, la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al Gobierno de Nicolás Maduro.
Según Sadofschi, “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad” requieren investigaciones rigurosas y rápidas, incluyendo posibles órdenes de arresto contra los responsables.
Venezuela acusa a Argentina de “politizar” la conferencia
La respuesta de Caracas fue inmediata. Su embajador, Héctor Constant Rosales, acusó al Gobierno de Javier Milei de “politizar” el encuentro y de atacar la legitimidad del Ejecutivo venezolano.
También calificó de “vergonzosa” la postura argentina en organismos multilaterales y sostuvo que Buenos Aires ha votado en contra de varias resoluciones de la ONU sobre derechos humanos, lo que —según afirmó— la convierte en un “falso defensor de derechos humanos”.
Choque diplomático marca la apertura de la Asamblea
El intercambio entre ambas delegaciones se convirtió en uno de los momentos más tensos del primer día de la conferencia, donde la CPI evalúa el estado de sus investigaciones y el nivel de cooperación de los Estados miembros, incluida la ejecución de órdenes de arresto.
Argentina aclara su posición sobre Venezuela
Sadofschi puntualizó que la decisión de Argentina de no bloquear consensos en la Asamblea no debe interpretarse como un gesto a favor del Gobierno venezolano, sino como una muestra del compromiso de Buenos Aires con el tribunal y su funcionamiento interno.
CPI cerrará oficina en Caracas por falta de avances
El cruce diplomático se produjo poco después de que la Fiscalía de la CPI anunciara el cierre de su oficina en Caracas, argumentando la falta de “progreso real” en las investigaciones internas por parte del Estado venezolano.
Caracas atribuyó su retraso en los pagos al tribunal a las “medidas coercitivas unilaterales” que —asegura— han afectado su capacidad de cumplir con las obligaciones financieras.
Investigación por crímenes de lesa humanidad sigue en curso
La CPI abrió la investigación en 2018, tras la remisión presentada por varios países. Aunque el Gobierno de Maduro ha intentado detener el proceso alegando avances judiciales propios, la Corte rechazó esa postura en 2023 y autorizó la reanudación de las indagaciones por crímenes presuntamente cometidos desde 2017.
