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  • Analista advierte que pilares mineros del Gobierno ya están en la Constitución pero requieren mejor aplicación

    Analista advierte que pilares mineros del Gobierno ya están en la Constitución pero requieren mejor aplicación

    Un analista en temas mineros advirtió que los pilares del modelo minero impulsado por el Gobierno ya se encuentran establecidos en la Constitución Política del Estado, pero señaló que el problema radica en su deficiente aplicación, en declaraciones recientes sobre la situación del sector en Bolivia.

    Pilares ya definidos en la normativa

    El especialista sostuvo que los lineamientos fundamentales para la actividad minera no son nuevos, ya que están contemplados en la Constitución, lo que evidencia que el desafío no es normativo, sino de implementación efectiva.

    Problema en la aplicación de la ley

    Según el análisis, la principal debilidad del sector minero radica en que las disposiciones legales existentes no se cumplen plenamente, lo que genera distorsiones en el funcionamiento de la actividad extractiva.

    Rol del Estado en el control minero

    El experto remarcó la necesidad de que el Estado ejerza un mayor control y haga cumplir la normativa vigente para garantizar una explotación adecuada de los recursos naturales, considerados estratégicos para el país.

    Desafíos estructurales del sector

    Entre los principales problemas identificados se encuentran prácticas que operan en zonas grises de la legalidad, especialmente en el ámbito del cooperativismo minero, lo que dificulta una regulación efectiva.

    Necesidad de ajustes en la gestión minera

    El analista concluyó que, más que crear nuevas leyes, se requiere mejorar la aplicación de las existentes, fortalecer la institucionalidad y promover una gestión más transparente y eficiente del sector minero en Bolivia.

  • Analista advierte que Bolivia no podría cobrar recompensa por captura de Marset

    Analista advierte que Bolivia no podría cobrar recompensa por captura de Marset

    El analista Daniel Millares señaló que el Gobierno de Bolivia no podría reclamar la recompensa de 2 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, debido a restricciones establecidas en la legislación estadounidense.

    Restricción en la normativa estadounidense

    A través de una publicación en la red social X, Millares explicó que el programa de recompensas del Departamento de Estado establece una cláusula que impide el pago a funcionarios públicos.

    Según indicó, la normativa señala que ningún oficial o empleado de una entidad gubernamental —ya sea federal, estatal, local o de un gobierno extranjero— puede recibir este tipo de recompensa.

    Cumplimiento del deber oficial

    El analista argumentó que la captura de Marset por parte de la Policía Boliviana constituye el cumplimiento de sus funciones oficiales.

    Por ese motivo, sostuvo que la legislación federal de Estados Unidos prohíbe que el dinero sea entregado a los efectivos o a la institución policial.

    Referencia a la legislación vigente

    Millares citó la ley conocida como State Department Basic Authorities Act, específicamente su Sección 36 (22 U.S.C. § 2708), que regula el pago de recompensas por información que conduzca a la captura de personas buscadas.

    Asimismo, mencionó que las directrices del Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado reiteran que estos recursos no pueden destinarse a miembros de fuerzas del orden extranjeras.

    Debate sobre el destino de la recompensa

    El pronunciamiento surge luego de que el Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, manifestara la intención de gestionar el cobro de la recompensa para destinarla a los efectivos que participaron en el operativo y al equipamiento de la Policía.