El analista Daniel Millares señaló que el Gobierno de Bolivia no podría reclamar la recompensa de 2 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, debido a restricciones establecidas en la legislación estadounidense.

Restricción en la normativa estadounidense

A través de una publicación en la red social X, Millares explicó que el programa de recompensas del Departamento de Estado establece una cláusula que impide el pago a funcionarios públicos.

Según indicó, la normativa señala que ningún oficial o empleado de una entidad gubernamental —ya sea federal, estatal, local o de un gobierno extranjero— puede recibir este tipo de recompensa.

Cumplimiento del deber oficial

El analista argumentó que la captura de Marset por parte de la Policía Boliviana constituye el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Por ese motivo, sostuvo que la legislación federal de Estados Unidos prohíbe que el dinero sea entregado a los efectivos o a la institución policial.

Referencia a la legislación vigente

Millares citó la ley conocida como State Department Basic Authorities Act, específicamente su Sección 36 (22 U.S.C. § 2708), que regula el pago de recompensas por información que conduzca a la captura de personas buscadas.

Asimismo, mencionó que las directrices del Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado reiteran que estos recursos no pueden destinarse a miembros de fuerzas del orden extranjeras.

Debate sobre el destino de la recompensa

El pronunciamiento surge luego de que el Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, manifestara la intención de gestionar el cobro de la recompensa para destinarla a los efectivos que participaron en el operativo y al equipamiento de la Policía.