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  • Recuperan Bs 32.620 de billetes robados tras el accidente de avión en El Alto

    Recuperan Bs 32.620 de billetes robados tras el accidente de avión en El Alto

    El Ministerio Público informó que hasta el momento existen siete procesos abiertos y más de 20 personas con detención preventiva por el caso.

    Dinero fue hallado en operativos y allanamientos

    Las autoridades recuperaron Bs 32.620 de los billetes que fueron sustraídos del avión siniestrado en El Alto el pasado 27 de febrero, informó este jueves el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

    La autoridad brindó una conferencia de prensa en la que presentó datos preliminares del informe sobre el siniestro del avión Hércules C-130, hecho tras el cual varias personas sustrajeron dinero que era transportado en la aeronave.

    “Total del dinero secuestrado que se ha podido colectar se tiene alrededor de 32.620 bolivianos”, señaló Torrez.

    Procesos y personas investigadas

    El fiscal indicó que actualmente existen siete procesos abiertos vinculados al caso del dinero sustraído. Entre los investigados se encuentran 40 varones, 11 mujeres y 4 menores de edad, a quienes se les otorgaron mandamientos de libertad mientras continúan las investigaciones.

    Respecto a las medidas cautelares, detalló que 24 personas tienen detención preventiva, 21 cumplen detención domiciliaria, una cuenta con medidas sustitutivas y cinco fueron puestas en libertad.

    Asimismo, se realizaron siete allanamientos en viviendas cercanas al lugar del accidente, donde también se encontró parte del dinero recuperado.

    Denuncias por daños y lesiones

    Torrez también informó que se recibieron ocho denuncias verbales presentadas por la Alcaldía de El Alto, la Alcaldía de La Paz y otras instituciones por daños ocasionados a patrullas y ambulancias durante los disturbios.

    Estos hechos son investigados por los delitos de destrucción de bienes del Estado y de la riqueza nacional, además de lesiones graves y leves contra efectivos de la Policía Boliviana y personal del Ejército.

  • «Autoprorrogados» del TCP enfrentan allanamientos y alertas migratorias

    «Autoprorrogados» del TCP enfrentan allanamientos y alertas migratorias

    La Fiscalía ejecutó allanamientos, activó alertas migratorias y avanzó con citaciones contra cinco exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes fueron cesados el martes tras resoluciones judiciales en Potosí y Santa Cruz. El operativo se realizó ayer en Sucre, mientras los involucrados buscan frenar las órdenes de aprehensión y se desconoce el paradero de la mayoría.

    Allanamiento en oficinas del TCP

    Durante la mañana del miércoles, los fiscales Javier Gorena y Mario Durán allanaron las oficinas que eran utilizadas por los exmagistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Julia Cornejo, Isidora Jiménez y Karem Gallardo en el edificio del TCP en Sucre. El operativo forma parte de una investigación por falsedad ideológica y acoso político, iniciada tras la denuncia de las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura.

    Investigación preliminar y recolección de evidencias

    Gorena informó que la Fiscalía busca registrar dependencias y secuestrar documentación relevante en esta fase preliminar. Personal de laboratorio forense participó en la recolección de indicios, entre ellos documentos vinculados a los autos constitucionales 0012/2025 y 0070/2025. Autoridades del TCP señalaron que las oficinas estaban prácticamente en desuso y que el martes se intentó retirar documentación antes de su cese.

    Alertas migratorias y primeras declaraciones

    La Fiscalía de Sucre confirmó la activación de alertas migratorias para impedir que los exmagistrados abandonen el país. También se emitieron citaciones y el primero en presentarse fue Gonzalo Hurtado, quien acudió el martes por la tarde. Al tratarse de una investigación preliminar, no se ordenó su aprehensión.

    Contraataque judicial

    Hurtado presentó una acción de libertad ante una Sala Constitucional del Beni para anular su orden de aprehensión, suspender la alerta migratoria y frenar cualquier persecución policial. Su abogado, Álex Mejía, solicitó garantías para sus derechos, abriendo un nuevo capítulo en el conflicto judicial.

    Repercusiones institucionales y escenario incierto

    El conflicto se originó cuando los exmagistrados anunciaron que se mantenían en funciones por diez días adicionales, pese a órdenes judiciales de cese inmediato. La magistrada del TSJ, Rosmery Ruiz Martínez, afirmó que no hay mayor conflicto interno tras el cese de funciones. Desde el Consejo de la Magistratura, su presidente Manuel Baptista anunció procesos disciplinarios y posibles acciones penales, denunciando que los autoprorrogados afectaron gravemente la administración de justicia. Entretanto, persiste la incógnita sobre el paradero de los exmagistrados, quienes no se han presentado ante la justicia, salvo Hurtado.