El presidente Luis Arce oficializó la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, dirigida a quienes sufrieron daños durante los conflictos sociales entre septiembre de 2019 y noviembre de 2020 en Bolivia.
Objetivo de la normativa
La ley busca garantizar justicia y dignidad a las víctimas directas e indirectas de estos hechos, implementando mecanismos de reparación integral que permitan resarcir los daños ocasionados por violaciones a los derechos humanos durante la administración transitoria de Jeanine Áñez.
Mecanismos de atención y reparación
Entre los beneficios contemplados se incluyen compensación económica, atención médica y psicológica, acceso a la educación, reconocimiento público y programas de reintegración social. La norma también establece medidas de prevención y no repetición para proteger los derechos humanos en el futuro.
Hechos y conflictos cubiertos
La ley abarca episodios como los conflictos de Sacaba y Senkata, reconocidos como graves violaciones a los derechos humanos. Con su promulgación, el Estado queda habilitado para iniciar de manera inmediata los procesos de reparación y asistencia a los afectados.
Refuerzo de la democracia y derechos fundamentales
Además de reparar a las víctimas, la medida busca consolidar el respeto a los derechos humanos y fortalecer los valores democráticos en el país, asegurando la protección y promoción de los derechos fundamentales como base de la convivencia social.
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