Román Loayza, fundador del Movimiento Al Socialismo, pidió este martes ampliar las investigaciones del caso Fondo Indígena e incluir al expresidente Evo Morales, tras la aprehensión de Luis Arce y nuevas denuncias de corrupción que involucran a dirigentes y exautoridades.
Loayza exige profundizar las investigaciones
En contacto con Correo del Sur Radio, Román Loayza lamentó que dirigentes y políticos “se hayan enriquecido a costilla del pobre” y solicitó que las autoridades indaguen el rol de Morales en el manejo del Fondo Indígena. Afirmó que las declaraciones dentro del proceso podrían apuntar directamente al exmandatario como “cómplice de la corrupción”.
Señalamientos al entorno de Morales
El exdirigente también consideró que la investigación debe ampliarse a todo el gabinete del expresidente. Aprovechó para felicitar al actual Gobierno por avanzar en el caso y aseguró que nunca recibió beneficios del Fondioc ni de la administración de Morales.
Críticas y pedido de debate
Loayza desafió públicamente a Evo Morales a debatir sobre el escándalo, reiterando que conocía las irregularidades del Fondo Indígena, pero que jamás solicitó recursos. También sostuvo que Morales habría impulsado la distribución de fondos a organizaciones afines bajo el pretexto de realizar obras.
Organizaciones sociales bajo la lupa
El fundador del MAS insistió en que las organizaciones sociales también deben ser investigadas, pues —según su criterio— participaron de manera directa en actos de corrupción vinculados al Fondioc.
Pedido de intervención en el Trópico
Morales mantiene una orden de aprehensión pendiente de ejecución, mientras permanece en el Trópico de Cochabamba. Loayza pidió intervenir la zona para dar con el exmandatario y desarticular grupos que, aseguró, estarían comandados por Juan Ramón Quintana y ciudadanos extranjeros. Así informó: Correo del Sur.
El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, informó que ganó 262.000 dólares en la lotería de Estados Unidos, premio del que deberá descontarse un 30% de impuesto.
El anuncio tras una conferencia de prensa
Jhonny Fernández compartió la noticia con los medios después de una conferencia de prensa, indicando que recibió una llamada para informarle que había resultado ganador del premio. Afirmó que suele adquirir billetes de lotería durante sus viajes a Estados Unidos.
Detalles del premio y los impuestos
El Alcalde explicó que el monto ganado asciende a 262.000 dólares, de los cuales deberá descontarse el 30% en impuestos, quedando el resto como saldo efectivo. Aseguró que se trata de una actividad que realiza de manera habitual.
Viajes recientes del Alcalde a Estados Unidos
Fernández recordó que este año realizó varios viajes al país norteamericano, algunos con fines institucionales relacionados con la gestión de fondos para proyectos municipales. Señaló que en uno de esos viajes adquirió los boletos con los que ahora resultó ganador.
Estados Unidos incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela en una operación realizada en aguas internacionales. Según el presidente Donald Trump, la embarcación pertenece a una red sancionada por transportar crudo para organizaciones vinculadas a Irán y Hezbollah.
La incautación anunciada por Trump
Trump informó que el buque, identificado como Skipper, es “el más grande jamás incautado” por su Gobierno. Añadió que en las próximas horas se revelarán más detalles sobre el operativo. Consultado sobre el destino del crudo transportado, el mandatario respondió: “Nos lo quedamos, supongo”.
Operativo conjunto y sanciones previas
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, explicó que la operación fue ejecutada por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera, con apoyo del Departamento de Guerra. Bondi recordó que el Skipper estaba sancionado desde 2022 por facilitar comercio petrolero para Hezbollah y la Fuerza Quds de Irán. Un video difundido por su oficina mostró a agentes armados descendiendo desde un helicóptero sobre la embarcación.
Reacciones de Venezuela y Cuba
El Gobierno de Nicolás Maduro calificó el hecho como un “acto de piratería” y aseguró que forma parte de un “plan deliberado de despojo de los recursos energéticos venezolanos”. Dijo además que acudirá a instancias internacionales para impugnar la incautación. En Cuba, destino previsto del cargamento, el canciller denunció una “escalada agresiva”, en un contexto de apagones provocados por la escasez de combustible.
Origen, ruta y maniobras del tanquero
Analistas indicaron que datos satelitales muestran que el Skipper habría falsificado su señal AIS para ocultar su presencia en una terminal venezolana mientras reportaba estar a casi 900 kilómetros de distancia. El buque había navegado previamente por Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong e Irán, y operaba con bandera de Guyana pese a no estar registrado en ese país.
Presión creciente de Estados Unidos
La incautación se suma a las recientes acciones de Washington contra el Gobierno de Maduro, que incluyen despliegues militares en el Caribe, operaciones contra presuntos buques vinculados al narcotráfico y advertencias sobre nuevas medidas en preparación. Funcionarios estadounidenses adelantaron que podrían registrarse más incautaciones en las próximas semanas.
Desde el penal de El Abra, el ex general Juan José Zúñiga envió una carta dirigida al expresidente Luis Arce Catacora, aludiendo a su detención en el caso del Fondo Indígena y reclamando que enfrente las consecuencias de su gestión.
Zúñiga se pronuncia desde El Abra
Desde su celda en el penal de El Abra, donde permanece recluido desde mediados de 2024, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga difundió una carta dirigida al expresidente Luis Arce Catacora. El documento alude a la reciente aprehensión del exmandatario en el marco del caso Fondo Indígena y cuestiona que finalmente esté “enfrentando las consecuencias de su propia gestión”.
Zúñiga aseguró que Arce ahora experimenta “el frío de las rejas y el silencio del encierro”, una frase que marca un quiebre profundo entre ambos, quienes tiempo atrás compartieron coincidencias políticas.
Mensaje crítico hacia el exmandatario
En su carta, Zúñiga califica a Arce como un “verdugo” y asegura que su detención representa el inicio del pago de las “cuentas pendientes” por las decisiones tomadas durante su gestión. A su juicio, el exmandatario ahora “empieza a sentir una mínima parte del sufrimiento que él mismo sembró en la patria”, en referencia a militares y funcionarios que, según Zúñiga, fueron procesados y encarcelados sin las debidas garantías.
Un quiebre tras el conflicto de 2024
La distancia entre ambos se profundizó después de los hechos de junio de 2024, cuando Zúñiga encabezó un movimiento militar que el Gobierno calificó como intento de golpe de Estado. Ese episodio derivó en su aprehensión y posterior traslado al penal de El Abra, donde permanece mientras avanzan los procesos judiciales en su contra. Desde entonces, el exgeneral sostiene que fue víctima de una “trampa política”.
Exgeneral pide que más exautoridades respondan ante la justicia
Además de criticar a Arce, Zúñiga exigió que exministros y colaboradores del exmandatario también rindan cuentas ante la justicia. Mencionó a varias exautoridades del área de Gobierno y Seguridad, afirmando que su intención no es personal, sino “por la patria y por cada familia que lloró a un militar encarcelado sin fundamentos”.
Un nuevo capítulo en un clima político tenso
La carta del exgeneral se suma a un contexto de fuerte tensión política en Bolivia, marcado por la aprehensión de Arce en el marco del caso Fondo Indígena. Mientras el Ministerio Público avanza con investigaciones sobre presuntas irregularidades en su gestión como ministro de Economía, continúan surgiendo reacciones que profundizan el debate sobre responsabilidades, justicia y el rumbo político del país.
El expresidente Luis Arce Catacora decidió no emitir ninguna declaración durante su comparecencia en La Paz por el caso Fondo Indígena, una investigación que avanza en la vía ordinaria por hechos atribuidos a su etapa como ministro de Economía.
Arce opta por el silencio ante la Fiscalía
Según informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, Arce optó por no responder preguntas durante su declaración informativa. Tras concluir el procedimiento, el exmandatario fue conducido a celdas policiales, donde permanecerá mientras se programa la audiencia cautelar que definirá su situación jurídica.
La causa no irá a juicio de responsabilidades
Mariaca detalló que el proceso no corresponde a un juicio de responsabilidades, debido a que los hechos investigados no ocurrieron durante su mandato presidencial. Las presuntas irregularidades se remontan al periodo en que Arce integraba el directorio del Fondo de Desarrollo Indígena, cuando ejercía el cargo de ministro de Economía.
Presuntas irregularidades durante su gestión ministerial
De acuerdo con la Fiscalía, la pesquisa se centra en supuestas irregularidades vinculadas al manejo de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), una entidad destinada a promover proyectos productivos en favor de comunidades indígenas y rurales.
Aprehensión y próximos pasos del proceso penal
Tras ninguna declaración, Arce fue trasladado a dependencias policiales, desde donde aguardará la audiencia cautelar. El Ministerio Público adelantó que en las próximas horas se presentará una imputación formal como parte del avance de la investigación.
Delitos atribuidos en la investigación
La orden de aprehensión señala que Arce enfrenta indagaciones por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con la presunta administración irregular del FDI durante su participación en el directorio de la entidad.
El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Siles, afirmó este miércoles que cualquier decisión sobre un posible cierre de la entidad estatal debe basarse en un estudio completo de su funcionamiento, finanzas y el impacto de las subvenciones que administra.
Siles explicó que la revisión no será únicamente documental, sino que incluirá un análisis técnico, financiero y administrativo. Destacó que la sustentabilidad de las ayudas, como la subvención a la harina, debe evaluarse cuidadosamente antes de tomar decisiones que podrían afectar a productores, consumidores y la economía local.
El funcionario reconoció la presión del sector privado, que ha cuestionado la existencia de Emapa por supuestos casos de corrupción y competencia desleal con productores primarios, y señaló que estas críticas forman parte de los elementos que se analizarán junto a los resultados de auditorías integrales en curso. Dichas auditorías investigan la gestión de la empresa en todos sus aspectos, con especial atención a los últimos años, y fueron motivadas por la detección de un presunto daño económico de más de 95 millones de bolivianos por parte de la intervención del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Siles subrayó que Emapa cumple funciones estratégicas: no solo garantiza el abastecimiento de productos básicos a precios subvencionados, sino que también mantiene infraestructura, logística y plantas industriales fundamentales para el sector alimenticio. Por ello, cualquier cierre tendría repercusiones directas sobre contratos vigentes, empleo, precios y la seguridad alimentaria de la población.
El gerente consideró que, según los resultados de la auditoría, podrían explorarse alternativas como alianzas público-privadas, ajustes en la gestión o reestructuraciones internas para garantizar la continuidad de la empresa y mejorar su eficiencia, en lugar de un cierre abrupto que genere impactos negativos en la economía y en los beneficiarios de las subvenciones.
La postura de Siles refleja un equilibrio entre responder a las críticas por presuntas irregularidades y resguardar la función social y productiva de Emapa, en un momento en el que la transparencia y la eficiencia de las empresas estatales son observadas de cerca por el Gobierno, empresarios y ciudadanos.
La Cámara de Diputados sesionará este jueves para analizar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 y tres créditos internacionales por un total de $us 680 millones. La presidenta en ejercicio, Daniela Cabrera, indicó que los proyectos ya cuentan con informes favorables de las comisiones legislativas.
Crédito gestionado por Rodrigo Paz
El préstamo 067/2025-2026, por $us 550 millones, fue suscrito con la CAF para “Liquidez en Apoyo a la Gestión Económica”. Este crédito fue gestionado por Rodrigo Paz durante su viaje a Panamá y forma parte de un paquete financiero de $us 3.100 millones destinado a reactivar la economía boliviana.
Crédito japonés rechazado en la gestión de Arce
El préstamo BV-C3 con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) asciende a ¥15.000 millones (unos $us 100 millones) y estaba destinado al programa de “Apoyo de Emergencia para respuesta a Covid-19”. Durante la gestión de Luis Arce, este crédito fue rechazado por la oposición, pese a su baja tasa de interés y libre disponibilidad.
Préstamo para el Parque Lineal La Paz–El Alto
El proyecto de ley 069/2025-2026 aprueba un préstamo del BID por $us 30 millones para el Parque Lineal, un corredor urbano que conectará La Paz y El Alto. Este proyecto también había sido bloqueado en la gestión anterior y su estreno estaba previsto para el Bicentenario.
Debate del PGE 2026
El cuarto punto del orden del día es el PGE 2026 (proyecto de ley 049/2025-2026). Legisladores opositores cuestionan que fue elaborado por la administración de Arce. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se pidió ajustar la norma hasta febrero de 2026 para reducir el déficit fiscal en un 30%. Técnicos del Ministerio asistirán al hemiciclo para explicar los créditos y el presupuesto.
Brasil activó un proceso judicial para exigir a Bolivia informes y responsabilidades por la tragedia del vuelo 2933 de LaMia, reclamando más de $us 220 millones a Naabol y otras entidades estatales por el siniestro que en 2016 dejó 71 fallecidos y 6 sobrevivientes.
Proceso judicial activado desde Brasil
Según el documento enviado por Naabol a la Procuraduría, la demanda brasileña atribuye responsabilidades a distintas entidades bolivianas. La justicia de Brasil abrió un proceso para exigir la remisión de información y determinar responsabilidades de la estatal Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), en el marco de una demanda civil que supera los $us 220 millones por el accidente del vuelo 2933 de LaMia, ocurrido en noviembre de 2016.
Notificación a Bolivia y transición de Gobierno
La notificación fue recibida por Naabol el 14 de octubre de 2025 y remitida el 20 de octubre al entonces procurador general del Estado, Ricardo Condori. El cambio de gobierno del 8 de noviembre dejó el caso en manos de nuevas autoridades, que aún no se han pronunciado. Quien sí lo hizo fue Néstor Higa, abogado de varias familias de las víctimas.
Exhorto del Juzgado Federal de Chapecó
El exhorto suplicatorio fue emitido por el Juzgado Federal de Chapecó, en Santa Catarina (Brasil). La solicitud pide que Bolivia, a través de Cancillería y las entidades competentes, remita toda la documentación relacionada con la investigación del accidente del 28 de noviembre de 2016, cuando la aeronave CP-2933 de LaMia se estrelló en Cerro Gordo, Colombia.
Responsabilidades atribuidas y monto de la demanda
Según el documento oficial enviado por Naabol a la Procuraduría, la demanda atribuye responsabilidades a Naabol, a la extinta AASANA y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). El monto exigido asciende a R$ 1.213 millones, equivalentes a Bs 1.537 millones o $us 220,7 millones al cambio oficial.
Explicación del procedimiento
El abogado Néstor Higa explicó a EL DEBER que el exhorto es un procedimiento mediante el cual un juez de un país solicita a otro Estado la remisión de documentación o la ejecución de un trámite judicial. En este caso, Brasil solicita acceso a todos los informes elaborados tras el siniestro. “El Estado boliviano debe cumplir con la remisión de antecedentes. Es un procedimiento de Estado a Estado”, señaló.
Reunión con exadministradora de LaMia y situación de los seguros
Higa se reunió este miércoles con Miriam Flores, exadministradora financiera de LaMia, y ambos coincidieron en que las aseguradoras deben cubrir las indemnizaciones pendientes. La aeronave tenía dos pólizas, una para pasajeros y otra para tripulantes. Sin embargo, a nueve años del accidente aún no se han pagado todas las compensaciones. Según Higa, los seguros debieron ser activados junto con el reaseguro contratado en Londres, pero los procesos se extendieron en jurisdicciones de Bolivia, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.
El accidente que conmocionó al mundo
El accidente del vuelo 2933 conmocionó al deporte mundial. La nave transportaba al club Chapecoense rumbo a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. De las 77 personas a bordo, 71 fallecieron. La investigación concluyó que la causa principal fue la falta de combustible, un problema que ya había generado alertas previas sobre las operaciones de LaMia. La aeronave, de matrícula boliviana, operaba como chárter y había sido utilizada por equipos como Atlético Nacional y la selección argentina, lo que genera cuestionamientos sobre la regulación aeronáutica de ese momento.
Bolivia debe enviar la información solicitada
Higa insistió en que Bolivia está obligada a remitir la documentación requerida: “Se ha cumplido con los requisitos formales. La documentación debe enviarse. Este proceso se abrió en 2017 y sigue su curso”, afirmó. Así informó: EJU!
En solo 48 horas, la zona norte de Santa Cruz de la Sierra volvió a registrar un atraco a un surtidor. Un delincuente armado exigió dinero a uno de los encargados y logró escapar con el botín, apenas dos días después de un hecho similar en la misma área.
Segundo atraco en la misma zona
Otro atraco a un surtidor se registró en la avenida Cristo Redentor, entre segundo y tercer anillo, repitiéndose apenas dos días después de un hecho delictivo en la misma área.
Método del delincuente
Según los reportes, un sujeto ingresó caminando a la estación de servicio, se acercó a uno de los encargados de una bomba del surtidor, apuntó con un arma de fuego y exigió que le entregue el dinero disponible en ese momento.
Huida y acción policial
El hombre escapó del lugar llevándose una cantidad de dinero producto de la venta de combustible. Posteriormente, llegaron efectivos de la Policía, quienes tomaron la declaración del encargado y comenzaron con las investigaciones del caso.
Contexto: Plan de Navidad Segura
Este atraco se da apenas dos días después de otro hecho similar, en el marco del Plan de Navidad Segura que presentó la Policía para garantizar la seguridad durante las fiestas de fin de año. Así informó: EJU!
El general Augusto Russo, excomandante de la Policía Boliviana, se presentó este miércoles ante la Fiscalía para declarar en el proceso iniciado por el coronel Pavel Vázquez Pastor. Durante su comparecencia, rechazó de manera enfática cualquier acto de discriminación y sostuvo que las decisiones sobre traslados dentro de la institución responden únicamente a criterios operativos y a necesidades del servicio.
Russo señaló que la acusación carece de sustento, al recordar que la discriminación se configura por factores como género, raza, creencias o identidad, elementos que —según afirmó— no se ajustan a la denuncia. Añadió que, durante su gestión, Vázquez fue designado subcomandante departamental a solicitud suya y que posteriormente pidió volver a La Paz debido a motivos familiares y de salud, antes de iniciar el proceso en su contra.
🔵 #GrupoFides | #ANF El excomandante de la Policía, Augusto Russo, se defenderá en libertad. Se declara inocente en el caso por supuesta discriminación y afirma que no cometió ningún delito contra el coronel denunciante. pic.twitter.com/ZKjVEP6Jen
El abogado del excomandante, Frank Campero, informó que se entregaron documentos de respaldo al Ministerio Público y que ahora esperan el avance de la investigación. La defensa sostiene que los movimientos realizados en 2021 fueron solicitados por el propio coronel Vázquez y no constituyen un acto irregular.
