La diputada Andrea Ballivián informó que alrededor de 800 exautoridades, incluyendo al expresidente Luis Arce, sus ministros, ejecutivos estatales, concejales y parlamentarios, no pueden salir del país hasta tres meses después de dejar el cargo, según la Ley de Arraigo, para prevenir posibles casos de impunidad en hechos de corrupción.
Lista entregada por la Contraloría
La nómina fue proporcionada a la legisladora por la Contraloría General del Estado, entidad encargada de elaborar el listado de exautoridades sujetas a la Ley 1352. Este informe incluye a personas que ocuparon cargos ejecutivos y de representación en entidades públicas, mixtas o privadas que manejan recursos fiscales.
Alcance de la Ley de Arraigo
La Ley 1352 establece que quienes han ejercido cargos de Presidente, Vicepresidente, ministros, asambleístas, gobernadores, concejales y máximas autoridades ejecutivas de instituciones estatales deben permanecer en el país durante tres meses tras dejar sus funciones, con el fin de garantizar investigaciones efectivas y evitar posibles actos de corrupción.
Ejemplos y exclusiones
Entre los incluidos en la lista figura el expresidente Luis Arce y varios de sus exministros. Sin embargo, la diputada Ballivián aclaró que algunas personas quedan excluidas, como el exministro Eduardo Del Castillo, quien renunció a su cargo hace más de tres meses para postular como candidato electoral.
Objetivo de la medida
La Ley de Arraigo busca fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública, evitando que exautoridades puedan salir del país antes de que se concluyan investigaciones relacionadas con el manejo de recursos fiscales y posibles irregularidades en su gestión.
El exdiputado Rafael Quispe anunció que presentará un recurso legal para revocar la detención domiciliaria de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y solicitar su detención preventiva en el penal de Obrajes, en el marco del caso Fondo Indígena, tras la reciente aprehensión del expresidente Luis Arce, en la ciudad de La Paz.
Pedido tras nuevas detenciones
Luego de la reactivación del caso Fondo Indígena y la detención del expresidente Luis Arce, surgieron nuevamente los nombres de exautoridades y excolaboradores del anterior Gobierno. Entre ellos figura la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien actualmente cumple detención domiciliaria por este proceso.
Anuncio del exdiputado Rafael Quispe
El exdiputado Rafael Quispe informó que este lunes presentará un recurso para solicitar la revocatoria de la medida sustitutiva. “Vamos a pedir que la señora Achacollo sea recluida en la cárcel de Obrajes”, declaró, señalando que el giro que tomó el caso amerita una revisión de su situación legal.
Antecedentes del proceso
En 2017, Achacollo obtuvo detención domiciliaria luego de permanecer más de un año recluida en la cárcel de Miraflores. La exministra es investigada por el presunto desvío de recursos económicos del Fondo Indígena durante su gestión al frente de esa cartera de Estado.
Comparación con otros casos
Quispe sostuvo que la exautoridad debe recibir el mismo trato que otras personas implicadas en el proceso. “Tiene que correr la misma suerte que Lidia Patty”, afirmó, en referencia a la exdiputada que fue detenida preventivamente tras la reapertura del caso.
Caso Fondo Indígena en reactivación
En los últimos días, la Fiscalía dispuso la detención de varias figuras vinculadas al Fondo Indígena, entre ellas el expresidente Luis Arce, quien fue ingresado al penal de San Pedro de La Paz. El proceso continúa generando nuevas acciones legales y solicitudes de revisión de medidas cautelares.
El expresidente Luis Arce Catacora ingresó la noche del 12 de diciembre de 2025 al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, tras una audiencia judicial de más de seis horas que determinó su detención preventiva por cinco meses, dentro del proceso reabierto por el caso Fondo Indígena, por hechos presuntamente cometidos cuando fue ministro de Economía.
Ingreso en medio del movimiento urbano
A las 19:27, mientras la plaza San Pedro concentraba el habitual movimiento previo a las fiestas de fin de año, Luis Arce Catacora ingresó por una puerta lateral a la principal cárcel paceña. Sin el despliegue que caracterizó su etapa presidencial, el exmandatario pasó a ser uno más de los internos del penal.
Escaso respaldo en exteriores
En la calle Cañada Strongest, solo un reducido grupo de seguidores se hizo presente para expresarle su apoyo. Antes de ingresar, Arce gritó a los medios y a las personas presentes: “No nos hemos ido, somos inocentes”. Vestía su clásica chamarra azul sobre una camisa blanca.
Decisión judicial y procedimiento
El exmandatario fue trasladado al penal por orden del juez anticorrupción Helmer Laura. Ya en el interior de San Pedro, Arce fue fotografiado con el mandamiento de detención preventiva, procedimiento habitual aplicado a los privados de libertad que ingresan a los recintos penitenciarios del país.
Postura del Ministerio Público
El Ministerio Público y la parte denunciante sostuvieron que Arce debe ser juzgado por la vía ordinaria, debido a que los hechos investigados se habrían cometido cuando ejercía el cargo de ministro de Economía y Finanzas Públicas, durante el gobierno de Evo Morales, y no en su condición de presidente.
Riesgos procesales y acusaciones
Tras más de seis horas de audiencia, el juez dispuso la detención preventiva por cinco meses al considerar la existencia de riesgos procesales, principalmente de obstaculización de la investigación. Además, señaló indicios suficientes de probabilidad de autoría por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, pese a que Arce reiteró su inocencia y denunció motivaciones políticas detrás del proceso.
El vicepresidente Edmand Lara solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional restituir la vigencia de la Ley 1670, suspendida por una medida cautelar, argumentando que miles de familias y pequeños emprendedores enfrentan riesgo económico por la falta de alivio financiero.
Solicitan restablecer la ley por “humanidad”
El vicepresidente Edmand Lara pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que reponga la Ley de Diferimiento de Créditos, asegurando que su suspensión ya está generando perjuicios reales en los hogares bolivianos. Señaló que la norma fue creada para brindar alivio temporal a sectores que siguen enfrentando dificultades económicas.
Contenido y alcance de la Ley 1670
La Ley 1670 plantea un diferimiento de seis meses en el pago de créditos destinados a microempresas y viviendas de interés social, además de una suspensión temporal de embargos. Su objetivo es evitar que las familias pierdan bienes o activos durante este periodo de desaceleración económica. Sin embargo, entidades financieras expresaron su rechazo al proyecto, argumentando que afectaría la liquidez del sistema bancario.
La suspensión que desató el conflicto
La aplicación de la Ley 1670 fue detenida tras una medida cautelar presentada por el diputado Alejandro Reyes, lo que paralizó de inmediato los alivios previstos. Lara cuestionó la acción y sostuvo que responde a intereses de sectores de poder, señalando directamente a los bancos como principales beneficiarios de la suspensión.
La Vicepresidencia alista acciones legales
Lara anunció que el equipo jurídico de la Vicepresidencia presentará de forma inmediata los recursos necesarios para solicitar el levantamiento de la medida cautelar ante el TCP. Afirmó que el Gobierno insistirá en restituir la ley al considerar que cumple una función social y que protege a los grupos con menor capacidad económica.
Familias y sectores vulnerables, los más afectados
De acuerdo con la Vicepresidencia, la suspensión de la ley deja desprotegidos a madres de familia, microempresarios, transportistas y jóvenes emprendedores que dependen del crédito para mantener sus actividades. Lara reiteró que el pedido al TCP busca evitar que estos sectores pierdan patrimonio o se vean obligados a asumir cuotas que actualmente no pueden cubrir.
El alcalde Iván Arias expresó su satisfacción por la decisión del Viceministerio de Comercio y Logística de mantener el precio del pan en 50 centavos de boliviano. La medida incluye la implementación de un sistema de empadronamiento digital para panificadores, destinado a eliminar la intermediación y posibles irregularidades en la distribución de insumos.
Precio único y apoyo municipal
Arias ratificó que el único precio justo para el pan es de 50 centavos, hasta que se consoliden medidas económicas estructurales. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz prestará asistencia logística, proporcionará información y expedirá permisos a los más de 356 hornos registrados en la ciudad. Además, las subalcaldías trabajarán con juntas vecinales para asegurar el abastecimiento temporal del pan a dicho precio.
Controles contra la especulación
El alcalde advirtió que las panaderías que vendan el producto a 80 centavos serán sancionadas. “No habrá justificación para vender pan más caro; cualquier intento será considerado agio y especulación”, aseguró. Para facilitar la transición, el permiso de venta libre, que expiraba el 21 de diciembre, se extenderá hasta fin de mes para que los vecinos adquieran los insumos necesarios. Así informó: La Prensa.
Always Ready venció 6-0 a Guabirá este jueves en El Alto, donde aseguró matemáticamente el título de la Liga 2025, su cuarta corona histórica, tras sumar 71 puntos y volverse inalcanzable para sus rivales.
Goleada histórica y fiesta en El Alto
Always Ready selló una campaña impecable con una contundente victoria por 6-0 sobre Guabirá, resultado que confirmó el tetracampeonato del plantel alteño. Apenas el árbitro Gery Vargas pitó el final, el Estadio de El Alto estalló en festejos, pues por primera vez fue escenario de una consagración profesional.
Superioridad absoluta durante el partido
El Millonario dominó desde el inicio, generando múltiples ocasiones hasta que Fernando Saucedo abrió el marcador a los 20 minutos. Antes del descanso, Marcelo Suárez amplió la ventaja (39’). En el segundo tiempo llegaron los goles de Héctor Cuéllar (53’), Carlos Rodríguez (59’), Héctor Bobadilla (69’) y Tomás Andrade (85’), sellando la media docena.
Baldivieso entra en la historia del club
Con este título, el técnico Julio César Baldivieso ingresa al selecto grupo de estrategas campeones con Always Ready, junto a Julio Borelli, Vicente Arraya y Omar Asad. El equipo alcanzó los 71 puntos, cifra que lo convierte en el líder absoluto e inalcanzable de la temporada.
Bolívar asegura fase de grupos de la Libertadores
En otros encuentros de la fecha, Bolívar goleó 5-0 a San Antonio y aseguró el segundo lugar del torneo, lo que le garantiza un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, al acumular 65 puntos, cuatro más que The Strongest.
The Strongest cae y termina tercero
The Strongest perdió 2-1 ante Real Tomayapo en Tarija, quedando relegado al tercer puesto con 61 puntos. Ese lugar le otorga el cupo Bolivia 4, correspondiente a la primera fase de la Copa Libertadores, un premio menor tras haber peleado por el título semanas atrás.
Nuevos elementos en la investigación del Fondo Indígena apuntan a que Luis Arce, cuando se desempeñaba como ministro de Economía, habría firmado numerosas transferencias que suman más de 100 millones de bolivianos a cuentas particulares de dirigentes del Movimiento Al Socialismo entre 2013 y 2015. La Fiscalía lo imputó por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, lo que derivó en su aprehensión el miércoles en La Paz.
El abogado Eduardo León, representante de la parte denunciante, informó que entregará a la Fiscalía una lista con el detalle de las operaciones cuestionadas, en las que figuran al menos 20 beneficiarios directos. De acuerdo con León, sólo en ese grupo se identificó un flujo total de Bs 102,8 millones, depositados en cuentas personales bajo el argumento de financiar proyectos productivos.
El abogado explicó que las transferencias fueron dirigidas a representantes de organizaciones sociales afines al masismo, entre ellas la Csutcb, las Bartolinas y la Cidob. Sostuvo que el elemento central del proceso es el uso de recursos estatales para acreditar fondos en cuentas privadas, lo que constituye la base de la imputación contra el exmandatario.
Entre los montos más elevados figura el de Melva Hurtado Áñez, quien habría recibido cerca de Bs 22,9 millones, seguida de Hubert Rivero Méndez con más de Bs 11,4 millones y Victoria Justiniano Gonzales con aproximadamente Bs 8,5 millones. También aparecen otros dirigentes que superan los seis millones de bolivianos y un segundo grupo cuyos depósitos están entre los 2,4 y 2,9 millones.
León indicó además que esta primera lista no sería la única, ya que existen otros nombres vinculados a la estructura del MAS que también habrían recibido fondos del Fondo Indígena. Entre ellos se menciona a Juanita Ancieta, Jorge Choque, Fernando Choque, Hilarión Mamani y al actual gobernador de Chuquisaca, Damián Condori. Según la denuncia, estos beneficiarios habrían accedido a montos que van desde los Bs 600.000 hasta más de Bs 9 millones.
La Fiscalía solicitó la detención preventiva de Arce por 90 días en el Centro de Reinserción de Qalauma, mientras avanza la revisión de documentos y se toman nuevas declaraciones dentro del caso.
Un joven de 25 años perdió la vida en una estación de servicio de Tarija tras ingresar a un depósito de combustible para rescatar a su compañero, quien había perdido el conocimiento debido a la alta concentración de vapores tóxicos. El hecho activó una investigación y el cierre temporal del establecimiento.
Ambiente saturado de gases tóxicos
El ambiente estaba saturado de vapores de alto octanaje, lo que provocó que el primer trabajador se desvaneciera casi de inmediato al descender al depósito. Según Bomberos Voluntarios Caballeros en el Fuego, todo comenzó cuando una tapa cayó accidentalmente dentro del tanque y uno de los empleados bajó para recuperarla sin advertir el riesgo.
Intento de rescate y desenlace fatal
Al ver que su compañero no reaccionaba, un segundo trabajador descendió para auxiliarlo, pero también fue afectado por los gases y perdió el conocimiento. Personal de emergencias logró retirar a ambos, pero el rescatista falleció camino al hospital.
Estado del sobreviviente
El trabajador que logró ser reanimado permanece bajo observación médica y en evaluación constante por especialistas, debido a la exposición prolongada a vapores tóxicos.
Identificación de la víctima
La víctima fatal fue identificada como José M., de aproximadamente 25 años.
Cierre de la estación e investigación
Tras el incidente, las autoridades ordenaron el cierre temporal de la estación de servicio para determinar si se cumplían las medidas de seguridad requeridas en este tipo de instalaciones y establecer responsabilidades. Así informó: Correo del Sur.
El subteniente investigado por el presunto homicidio ocurrido en el botadero de Cotapachi participará este jueves en su audiencia cautelar de manera virtual, debido a que permanece internado y a la espera de una nueva cirugía. Su familia confía en que el proceso se lleve a cabo con imparcialidad.
Audiencia desde el hospital
Debido a su estado de salud, el oficial asistirá a la sesión desde el hospital, donde continúa recibiendo atención médica. Las autoridades confirmaron que la audiencia se realizará de forma virtual para garantizar su participación sin poner en riesgo su recuperación.
Relato del subteniente
El subteniente informó que él y tres policías quedaron “acorralados” por cerca de un centenar de comunarios durante un operativo. Aseguró que, pese a los intentos de diálogo y al uso previo de agentes químicos —que ya estaban agotados—, fueron arrastrados colina abajo mientras recibían golpes, pedradas, dinamitas y amenazas.
También denunció que una funcionaria policial fue agredida, incluso después de pedir que se respetara su condición de mujer, lo que incrementó la violencia del enfrentamiento.
Amenaza de linchamiento
El oficial relató que la situación se volvió crítica cuando un comunario apareció con una botella de gasolina y otro gritó: “Échenles gasolina, los quemaremos aquí”. Ante lo que describió como una amenaza real e inminente y sin medios menos letales disponibles, efectuó disparos al suelo y luego a una zona permitida del cuerpo de un manifestante para detener el linchamiento.
Uso legítimo de la fuerza
El subteniente asegura que sus acciones fueron legales, necesarias y proporcionales, en cumplimiento de los manuales institucionales y del principio de uso progresivo de la fuerza. Señaló que, de no haber intervenido, él y sus compañeros habrían sido asesinados o quemados vivos. Así informó: Correo del Sur
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios, conocido como Fondo Indígena, nació como una conquista histórica para las comunidades indígenas de Bolivia, pero años después se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción estatal, con un desfalco que supera los Bs 1.000 millones según auditorías oficiales.
El origen: una demanda histórica
El 22 de diciembre de 2005, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé promulgó el Decreto Supremo 28571, en respuesta a la demanda de los pueblos indígenas de acceder a los beneficios del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La presión fue liderada por el pueblo guaraní, que reclamaba compensaciones por la explotación de gas en su territorio.
“Tras un enfrentamiento con militares en Santa Cruz, logran que Rodríguez Veltzé les otorgue el 5% del IDH, ampliado luego a todas las regiones campesinas”, explicó el investigador Manuel Morales a Urgente.bo.
El Fondo se estructuró con un directorio multisectorial presidido por el Ministerio de Asuntos Indígenas, seis ministerios y 12 representantes de organizaciones indígenas y campesinas.
El desfalco millonario
En 2015, la Contraloría General del Estado reveló un daño económico acumulado por años de mala administración, proyectos inconclusos y recursos entregados sin control. La exministra Nemesia Achacollo informó ante el Senado que, entre 2006 y 2014, el Fondo recibió Bs 3.197 millones, de los cuales Bs 1.855 millones seguían en cuentas bancarias.
Entre 2010 y 2011 se aprobaron 153 proyectos que no se concluyeron, no presentaron informes de avance y, en muchos casos, no contaban con carpetas técnicas ni evidencia física de las obras. El dinero se desembolsó sin supervisión.
A más de diez años del inicio del caso, la justicia aún no ha cerrado el expediente. Héctor Castellón, abogado de Marco Aramayo —exdirector del Fondo fallecido tras años de detención— señaló que muchos expedientes siguen abiertos: “Hasta hace unas semanas seguían notificando… incluso pidieron la extinción del proceso por fallecimiento”, indicó.
Reestructuración del Fondo
Tras el escándalo, el gobierno de Evo Morales cerró la institución original. El 26 de agosto de 2015, mediante el Decreto Supremo 2493, se creó el actual Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), una entidad pública descentralizada bajo el Ministerio de Desarrollo Rural.
A diferencia del Fondo original, el FDI no transfiere recursos a organizaciones sociales, sino a municipios, autonomías indígenas y entidades estatales. Además, administra parte de los recursos del IDH destinados a la Renta Dignidad, la educación cívica y el funcionamiento de las Unibol.
El problema vuelve a resurgir
El 4 de diciembre de 2025, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra la exdiputada del MAS Lidia Patty, acusada de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, con un daño investigado de al menos Bs 1 millón. “Son ocho proyectos con un avance físico del 50%, pero el presupuesto alcanzó el 80%. La beneficiada fue Patty”, explicó el fiscal Miguel Ángel Cardozo.
El 10 de diciembre, el exmandatario y exministro de Economía Luis Arce fue aprehendido. Rafael Quispe, denunciante del caso, lo responsabilizó por permitir transferencias irregulares de recursos del Fondo cuando estaba en el Ministerio de Economía. “A Lidia Patty le han depositado… eso incluye delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y resoluciones contrarias”, afirmó Quispe.
Dos auditorías sitúan el desfalco total por encima de Bs 1.000 millones, con daños de Bs 200 millones y Bs 150 millones en distintos periodos. Quispe cuestionó la demora judicial: “El caso es de 2010. Lo denunciamos en 2014. En 2015 ya estaba aprehendida Nemesia Achacollo, pero tardaron diez años en retomar la investigación”. Así informó: Correo del Sur.
