La Cámara de Diputados de México aprobó reformas que prohíben completamente el uso, comercialización y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país. Con 324 votos a favor, el Legislativo avaló imponer penas de hasta ocho años de prisión por su venta, en respuesta a una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Reformas con penas de uno a ocho años de prisión
El dictamen aprobado modifica la Ley General de Salud para incluir la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares. Quienes los vendan podrán enfrentar penas de uno a ocho años de cárcel, además de multas que van desde 100 hasta 2.000 UMAs, equivalentes a entre 11.314 y 226.280 pesos (621 a 12.430 dólares).
Prohibición total en el territorio mexicano
La reforma prohíbe la adquisición, producción, transporte, importación, exportación, almacenamiento, distribución, venta y publicidad de estos dispositivos. La ley define los vapeadores como aparatos que calientan o vaporizan sustancias tóxicas, con o sin nicotina, distintas al tabaco.
El vapeo, catalogado como amenaza a la salud pública
El Legislativo destacó que el vapeo será reconocido como un riesgo sanitario, lo que permitirá impulsar políticas públicas para reducir su consumo, proteger a grupos vulnerables y fortalecer acciones preventivas a nivel nacional. Las reformas también amplían las facultades de la Secretaría de Salud en infraestructura, abastecimiento de medicamentos y coordinación del sistema sanitario.
Críticas y advertencias de la oposición
Durante el debate, diputados opositores afirmaron que la prohibición abrirá espacio al mercado negro y beneficiará al crimen organizado. La diputada Iraís Reyes aseguró que “no regular un producto que la gente ya consume es igual a más dinero para los narcos”, acusando además de “hipocresía” a legisladores oficialistas que utilizan vapeadores.
Contexto previo y advertencias sobre el mercado ilegal
Especialistas y organizaciones ya habían alertado sobre el crecimiento del mercado negro de vaporizadores en México, especialmente ante políticas restrictivas y la falta de una regulación clara. La aprobación de esta reforma profundiza el debate sobre sus efectos en salud pública y seguridad. Así informó: Red Uno.
