El abogado y activista Jorge Valda solicitó al Órgano Judicial que revise los casos de más de 300 personas detenidas preventivamente por motivos políticos, en el marco de la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los plazos de detención de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
Casos de detención política
Valda señaló que, además de estas tres figuras, hay numerosos ciudadanos procesados por ejercer su derecho a la protesta o expresar opiniones contrarias al gobierno.
Entre ellos mencionó miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz, integrantes de Adepcoca y militares procesados en el caso “Golpe de Estado I”.
Solicitud de auditoría y transparencia
El abogado propuso que el TSJ realice una auditoría a todos los procesos penales de índole política impulsados por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), con el objetivo de garantizar transparencia y justicia.
Señaló que estas acciones buscan evidenciar actos autoritarios y abusivos del Estado.
Contexto de la revisión judicial
La petición de Valda coincide con la revisión de los plazos de detención preventiva de Áñez, Camacho y Pumari, medida que podría derivar en su liberación si se comprueba que se excedieron los plazos legales.
Esta revisión ha sido celebrada por sectores de la oposición, que consideran que podría sentar un precedente para otros casos similares.
Derechos humanos y debate público
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, instruyó a los tribunales departamentales a verificar el cumplimiento de los plazos de detención preventiva según el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal.
La situación de los presos políticos sigue siendo un tema de debate en Bolivia, con organizaciones nacionales e internacionales que exigen revisión imparcial y respeto a los derechos humanos.
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