La bancada de Libre presentó una denuncia contra la exviceministra Gabriela Alcón por presuntos hechos irregulares, mediante una acción impulsada desde la Asamblea Legislativa, en La Paz, este martes.
Presentación de la denuncia
La diputada de Libre informó que la denuncia fue formalizada ante instancias competentes, al considerar que existirían posibles irregularidades en la gestión de Gabriela Alcón cuando ejercía funciones públicas. Señaló que el objetivo es que los hechos sean investigados conforme a ley.
Cuestionamientos al rol del Legislativo
La parlamentaria cuestionó que sea el Órgano Legislativo el que deba impulsar este tipo de acciones, cuando —a su criterio— correspondería que el Órgano Ejecutivo actúe de oficio ante indicios de irregularidades en la administración pública.
Críticas a la falta de iniciativa del Ejecutivo
Desde Libre se criticó la falta de iniciativa del Ejecutivo para promover investigaciones internas y transparentar la gestión pública. La diputada afirmó que esta inacción obliga a los legisladores a asumir un rol fiscalizador más activo.
Pedido de investigación
La bancada solicitó que las autoridades competentes realicen una investigación objetiva y transparente, con el fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Fiscalización como eje central
Finalmente, la diputada remarcó que la denuncia se enmarca en el rol constitucional de fiscalización del Legislativo y reiteró que estos procesos buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública.
El Ministerio Público imputó al expresidente Luis Alberto Arce Catacora por el presunto delito de abandono de mujer embarazada, tras una denuncia presentada por Brenda Lafuente, en un proceso que se tramita en Cochabamba y fue informado este martes.
Imputación formal del Ministerio Público
La Fiscalía sostiene que existen elementos de prueba suficientes que permiten atribuir a Luis Arce la presunta comisión del delito y su participación en el hecho denunciado. Por ello, solicitó la aplicación de medidas cautelares, entre ellas arraigo, fianza económica y prohibiciones de comunicación o concurrencia a determinados lugares.
Proceso radicado en Cochabamba
El caso se tramita en el departamento de Cochabamba, mientras el exmandatario permanece con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, en el marco de otro proceso relacionado con la investigación del Fondo Indígena.
Antecedentes de la denuncia
De acuerdo con los antecedentes, Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), inició en julio una demanda contra Arce. La denunciante afirmó que el exmandatario se negó a reconocer la paternidad de su hijo y a someterse a una prueba de ADN.
Intentos de conciliación fallidos
Lafuente señaló que intentó contactar en reiteradas ocasiones a Arce para resolver el conflicto de manera privada. Sin embargo, aseguró que no obtuvo respuesta, motivo por el cual decidió recurrir a la vía judicial.
Sanción prevista por la ley
El delito de abandono de mujer embarazada, según la normativa boliviana, está sancionado con penas de seis meses a tres años de reclusión, dependiendo de las circunstancias del caso y la valoración judicial.
Durante un acto de graduación de Subtenientes y Alféreces de las Fuerzas Armadas en La Paz, el presidente Rodrigo Paz afirmó este sábado que las personas responsables de desfalcos al Estado deberán enfrentar las sanciones correspondientes, en el marco del caso Fondo Indígena que involucra al expresidente Luis Arce.
Crítica a la gestión pasada
El mandatario denunció que anteriores autoridades dejaron al país sin recursos, afectando incluso la capacidad del Estado para adquirir repuestos necesarios para helicópteros usados en rescates por inundaciones en Santa Cruz. “Hoy Bolivia enfrenta inseguridad, crimen organizado, fronteras vulnerables, contrabando y corrupción, eso es lo que nos han dejado”, señaló.
“Ponemos a los culpables en su lugar”
Paz remarcó que quienes intentaron dejar a Bolivia sin rumbo “ya están viendo dónde los estamos poniendo” y deberán afrontar las penas por sus actos. Reiteró que el Estado está comprometido en revertir la situación y recuperar la confianza de la población.
Recursos limitados ante desastres naturales
El presidente explicó que la falta de recursos heredada del pasado dificultará la atención de emergencias, pero aseguró que se harán todos los esfuerzos posibles para asistir a la población afectada por las inundaciones recientes.
Mensaje de firmeza y recuperación
Rodrigo Paz subrayó que, aunque el camino sea difícil, Bolivia saldrá adelante. “Los culpables pagarán sus penas”, enfatizó, reafirmando su compromiso con la transparencia y la sanción de actos de corrupción.
Detención preventiva de Luis Arce
El viernes por la noche, el expresidente Luis Arce fue enviado con detención preventiva por cinco meses al penal de San Pedro, acusado de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en relación con presuntas irregularidades en el caso Fondo Indígena.
El expresidente Luis Arce Catacora acudirá este viernes a una audiencia cautelar a las 13:00, donde un juez definirá si será enviado a detención preventiva por el caso Fondioc, proceso en el que fue imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Audiencia cautelar en el Tribunal Supremo de Justicia
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que la audiencia de medidas cautelares contra el exmandatario Luis Arce Catacora fue programada para este viernes a las 13:00. La sesión se realizará en el marco de la investigación por el caso Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), donde la Fiscalía solicitó detención preventiva para el exministro de Economía.
Proceso vía ordinaria y sin juicio de responsabilidades
Saucedo explicó que el proceso penal se tramita por la vía ordinaria, debido a que los hechos atribuidos corresponden a su gestión como ministro y no como presidente del Estado. En ese marco, aclaró que no procede un juicio de responsabilidades y que el plazo legal de 24 horas tras la imputación está siendo respetado.
Delitos por los que fue imputado
El Ministerio Público acusa a Arce de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, figura que sostiene se aplicó durante su función en el Ministerio de Economía cuando se administró el Fondioc. La audiencia definirá si estas acusaciones ameritan medidas restrictivas mientras avanza la investigación.
TSJ asegura independencia judicial
Romer Saucedo remarcó que en Bolivia “la justicia no reconoce fueros ni privilegios”, subrayando que ningún cargo público está por encima de la ley. Asimismo, pidió evitar la instrumentalización política del proceso y garantizó que las decisiones judiciales no responderán a intereses partidarios.
Llaman a evitar presiones externas
El presidente del TSJ exhortó a actores políticos y sociales a no interferir en el desarrollo de la causa. Aseguró que el sistema judicial actuará con imparcialidad mientras se define la situación legal del exmandatario en una de las audiencias más esperadas del proceso Fondioc.
El viceministro de Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, señaló que la investigación por el manejo irregular de recursos del Fondo Indígena podría ampliarse a otras autoridades, incluido el expresidente Evo Morales, dependiendo de la información que surja durante la etapa preliminar del caso.
La declaración surge después de la aprehensión del exmandatario Luis Arce, quien fue trasladado por la Policía debido a indicios de que, cuando ejercía el cargo de ministro de Economía y Finanzas, habría autorizado la transferencia de fondos públicos hacia cuentas particulares destinadas a proyectos productivos.
García explicó que la investigación no descarta a ninguna persona que pudiera tener relación con las decisiones administrativas que permitieron el desvío de recursos. Afirmó que una resolución ministerial atribuida a Arce es uno de los elementos en revisión, pero que si el exmandatario señalara que las autorizaciones contaban con respaldo presidencial, la pesquisa tendría que alcanzar también a Morales.
El viceministro mencionó que parte de esta línea de investigación surge de la declaración de descargo de la exdiputada Lidia Patty, quien sostuvo que no actuó por cuenta propia y que las decisiones financieras se tomaban bajo instrucción del Ministerio de Economía.
Durante la audiencia de medidas cautelares, García consideró que existen elementos suficientes para solicitar la detención preventiva de Arce, aunque aclaró que la definición sobre su situación jurídica corresponde al juzgado a cargo del proceso. Así informó Erbol.
El expresidente Luis Arce Catacora fue aprehendido este 10 de diciembre y trasladado a la FELCC en el marco del caso que investiga presuntas irregularidades en un proyecto financiado por el Fondo Indígena en 2010, impulsado por la entonces dirigente campesina Lidia Patty Mullisaca, en La Paz
Dos delitos atribuidos al exmandatario
Arce enfrenta acusaciones por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Según el mandamiento de aprehensión firmado por el fiscal Miguel Ángel Cardozo, cuando Arce era ministro de Economía habría promovido la ejecución de proyectos mediante transferencias público-privadas sin que la normativa vigente lo permitiera en ese momento.
Su rol en el Fondo Indígena
Como miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Arce participó en la autorización de un proyecto presentado por Lidia Patty para construir invernaderos en ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra. El proyecto, presentado en 2009 y aprobado en 2010, tenía un financiamiento de más de 950 mil bolivianos, de los cuales Patty recibió un desembolso de 669.876 bolivianos en su cuenta personal.
Irregularidades detectadas en el proyecto
La Fiscalía sostiene que el proyecto fue aprobado pese a documentación incompleta y deficiencias en los listados de beneficiarios. Posteriormente, la ejecución presentó irregularidades graves: cambios no autorizados en el diseño de los invernaderos, contratos sin aval del Fondo Indígena, falta de respaldo en los pagos y ausencia de informes técnicos y financieros.
Contexto y antecedentes de los implicados
Lidia Patty, detenida días atrás, fue dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y luego diputada por el MAS. Se hizo conocida por activar procesos contra Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el caso “golpe de Estado I”. La nueva investigación se centra en los recursos que Patty recibió del Fondo Indígena para la construcción de invernaderos que nunca fueron concluidos según los estándares exigidos.
Motivos de la aprehensión de Arce
La orden de aprehensión del expresidente. Foto: RPO’s.
La resolución fiscal argumenta que existen riesgos de fuga y de obstaculización del proceso por parte del exmandatario. Por ello, se determinó su aprehensión para garantizar su presencia en la investigación, que busca esclarecer responsabilidades en el manejo de fondos estatales destinados a proyectos productivos en comunidades rurales.
El exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó que asistirá a su declaración ante la Fiscalía luego de haber sido citado por una denuncia presentada por el coronel de Policía Pavel César Vásquez Pastor. El proceso también involucra al excomandante general Augusto Juan Russo Sandoval.
Ambos oficiales fueron convocados para presentarse ante el fiscal Róger Rosas Iglesias, responsable de casos relacionados con delitos contra la integridad personal. La denuncia hace referencia a presuntos hechos ocurridos durante anteriores gestiones en la institución policial.
Aguilera sostuvo que no tiene ninguna intención de eludir el proceso y que entregará documentación para respaldar su versión. Afirmó que las acusaciones carecen de fundamento y señaló que existe información distorsionada que incluso llegó a afirmar que había abandonado el país, extremo que negó categóricamente.
Indicó además que su presencia en la Fiscalía servirá para aclarar los hechos y desvirtuar lo que considera una acusación infundada. Mientras tanto, el proceso continúa en etapa preliminar a la espera de las declaraciones de ambos generales. Así informó El Deber.
El médico y exaspirante presidencial Chi Hyun Chung recuperó su libertad este martes luego de prestar su declaración informativa ante efectivos policiales, en el marco de una investigación abierta por una supuesta mala praxis médica.
Según fuentes policiales, Chi había sido convocado para ampliar su versión sobre los hechos denunciados. La comparecencia se desarrolló sin incidentes y, tras escuchar su declaración, no se emitió ninguna medida restrictiva en su contra.
Después de concluir la diligencia, el profesional abandonó las instalaciones acompañado de su equipo jurídico, que afirmó que continuarán cooperando con las autoridades para aclarar totalmente el caso. La defensa insistió en que el procedimiento médico observado se realizó conforme a los protocolos establecidos.
Al salir del lugar, Chi manifestó su disposición a seguir aportando información y pidió que el proceso avance con imparcialidad. Señaló que ya había brindado declaraciones voluntarias meses atrás y sostuvo que su actuación siempre se ajustó a principios éticos y profesionales.
⚖️💬 Chi Hyun Chung reiteró que no asistió a declarar en el caso de presunta mala praxis médica porque, según afirmó, ese día fue convocado por el entonces presidente Luis Arce para aportar criterios sobre la economía del país. pic.twitter.com/xI0MfrcpC4
— Radio Illimani – Red Patria Nueva (@PatriaNuevaFM) December 9, 2025
El Ministerio Público mantiene el caso en etapa preliminar y analiza la documentación recolectada para determinar los siguientes pasos de la investigación. La representación legal del médico solicitó una revisión exhaustiva de los antecedentes clínicos que originaron la denuncia.
La policía intervino en el bloqueo, desencadenando en un enfrentamiento con los comunarios. Foto: Los Tiempos
El Ministerio Público, a través del fiscal departamental Osvaldo Tejerina, inició una exhaustiva investigación y conformó una comisión especial para esclarecer los violentos enfrentamientos ocurridos el pasado fin de semana en la zona de Cotapachi, Cochabamba, donde comunarios y efectivos policiales resultaron heridos y se lamentó la muerte de dos personas.
Fiscalía de Cochabamba ordena investigación profunda
El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, confirmó que se ha dado inicio a una investigación formal por los hechos de violencia suscitados en Cotapachi. Esta medida busca determinar las circunstancias exactas que rodearon los enfrentamientos entre vecinos y fuerzas del orden, incluyendo el uso de armas y las muertes reportadas. Se ha conformado una comisión especializada para agilizar y asegurar la transparencia del proceso investigativo.
Exigen esclarecer la orden de uso de armamento
El abogado de los comunarios, Eduardo Mérida, exigió públicamente que se esclarezca quién fue la autoridad que ordenó el uso de armamento letal en la intervención. Mérida cuestionó la naturaleza del operativo, señalando que «tienen que venir a declarar todos los que han intervenido, los comandantes que han estado en el lugar y el que dio la orden de ir». Asimismo, anunció que solicitarán a la FELCC realizar una investigación en el terreno para identificar a los policías presentes y verificar la posible presencia de infiltrados.
Policías heridos presentarán demanda por Homicidio
En contraparte, el abogado de los uniformados heridos, Rolando Ramos, denunció que los policías fueron víctimas de una «emboscada», resultando siete de ellos heridos, dos de los cuales se encuentran en estado grave con esquirlas. Ramos indicó que la parte afectada presentará una demanda por homicidio. Además, señaló que se logró secuestrar un vehículo con drones, Bs. 20.000 y material explosivo, presuntamente conducido por un funcionario municipal.
Autoridades Municipales condenan la violencia y piden respeto a límites
Los alcaldes de los municipios involucrados, Colcapirhua y Quillacollo, lamentaron los hechos. Nelson Gallinate, alcalde de Colcapirhua, condenó los actos de violencia, señalando la existencia de «grupos de choque armados» e informando el hallazgo de más de 15 zanjas hechas con maquinaria en el lugar. Por su parte, Héctor Cartagena, alcalde de Quillacollo, calificó lo ocurrido de «indignante» por el uso de armas de fuego. Exigió que se respete el acta de conciliación de límites firmada el año pasado y afirmó que su municipio se constituirá en parte denunciante para identificar a los autores materiales e intelectuales del conflicto.
Vicepresidente y vecinos reaccionan a los sucesos
El Vicepresidente Edmand Lara lamentó profundamente las dos muertes ocurridas en el conflicto y ordenó la realización de un informe exhaustivo para dar con los autores y que sean sancionados. En respuesta a la situación, los vecinos de Quillacollo han determinado iniciar desde la medianoche del martes un bloqueo de las avenidas Blanco Galindo y Víctor Ustáriz en apoyo a Cotapachi, exigiendo la intervención de autoridades nacionales y la paralización definitiva del botadero de Colcapirhua.
La Fiscalía de La Paz presentó imputación formal contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y cinco exgerentes de la estatal petrolera, investigados por presuntos hechos de corrupción en el caso Botrading.
El proceso se centró en irregularidades en la creación de una filial de YPFB en Paraguay y en presuntos sobreprecios en la compra de combustibles. Entre los imputados figuran Gabriela Delgadillo, exgerenta de Industrialización; Julio César Camargo y Omar Alarcón, ambos exgerentes de YPFB Refinación; Luis Rolando Sánchez, exgerente de Planificación; y Miguel Ángel Colque, exvicepresidente de Operaciones.
El Ministerio Público solicitó cuatro meses de detención preventiva para todos los sindicados: en el penal de San Pedro para los varones y en Obrajes para Delgadillo. Según explicó el fiscal Omar Yujra, la exgerenta de Industrialización estuvo implicada debido a que su unidad realizaba requerimientos de compra de combustibles a Botrading, mientras que los demás firmaron contratos en representación de YPFB con la empresa observada.
A los imputados se les atribuyeron distintos delitos, entre ellos incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y obstrucción a la justicia.
El caso involucra a 10 personas en total. La Fiscalía recordó que ya estaban bajo medidas cautelares Félix Taca, exgerente de YPFB Logística, y Cinthia Pedraza, exgerente legal de la estatal.
En cuanto a la ciudadana paraguaya que habría facilitado la creación de Botrading, el fiscal indicó que se solicitó cooperación internacional a Paraguay y se espera su declaración para febrero.
El Ministerio Público también ratificó que Armin Dorgathen se encontraba prófugo en Brasil, según informó recientemente el Ministerio de Gobierno.
