El dato fue revelado durante la presentación del “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad”, que muestra la situación de los jóvenes encarcelados en Bolivia.
A diciembre de 2024, el país registraba 32.035 personas privadas de libertad en 46 centros penitenciarios: el 92,6% eran varones y el 6,8%, mujeres.
Del total, el 58,7% permanecía en detención preventiva, es decir, sin condena.
El informe también señala un hacinamiento del 105%: en los 20 centros urbanos alcanzaba el 117%, mientras que en los 26 rurales llegaba al 65%.
Jóvenes privados de libertad
Según el diagnóstico, hasta diciembre de 2024 había 9.520 jóvenes entre 18 y 28 años recluidos. De ellos, más del 75% permanece en detención preventiva, frente al 24,35% que ya cuenta con sentencia.
En cifras absolutas, 742 eran mujeres y 8.788 varones.
“La detención preventiva impacta de manera desproporcionada en la población juvenil, extendiéndose más allá de los plazos legales y limitando el derecho a una defensa efectiva”, detalla el informe.
Reincidencia y factores de riesgo
El documento también advierte sobre la reincidencia y los antecedentes de vulnerabilidad social:
El 14% de los jóvenes entrevistados (284) son reincidentes en prisión.
El 10% pasó previamente por centros de reinserción para adolescentes en conflicto con la ley (14 a 17 años).
El 7% vivió en centros de acogimiento desde la infancia.
“Esta realidad muestra que muchos jóvenes llegaron al sistema penal adulto sin haber tenido acceso a oportunidades reales de inclusión. Refleja, además, las falencias del Estado en la atención y crianza de niñas y niños bajo su custodia”, afirmó Callisaya.
Condiciones de vida y metodología
El diagnóstico analiza la situación jurídica, las condiciones de vida, el acceso a salud y educación, así como las oportunidades laborales y de reinserción social de esta población.
Para ello, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) visitó 17 centros penitenciarios en los nueve departamentos, donde se realizaron 284 encuestas, 46 entrevistas semiestructuradas, verificaciones de infraestructura y revisión de datos oficiales.
Contexto judicial
El 22 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió el Instructivo Nº 18/2025, ordenando revisar de inmediato las detenciones preventivas de tres personas: Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
La medida provocó protestas de los privados de libertad. Posteriormente, la disposición fue ampliada a toda la población carcelaria, lo que podría derivar en la revisión de miles de casos en el país.
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