El CEJIS alerta que el Tribunal Agroambiental aún no se pronuncia sobre la acción ambiental preventiva presentada por el TIM II contra la minería ilegal en el río Madre de Dios, mientras la AJAM impulsa nuevas áreas de explotación.
Acción judicial estancada
El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas, expresó su preocupación por la falta de respuesta del Tribunal Agroambiental sobre la acción preventiva ambiental presentada hace cuatro meses por el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II). La demanda fue elevada desde un juzgado de El Sena a Sucre por tratarse de un caso de alcance nacional, pero hasta ahora no existe pronunciamiento sobre su admisión.
Comunidades en riesgo e indefensión
Vargas explicó que, pese a que el Tribunal mostró en otros casos una línea favorable a los derechos de la naturaleza, el retraso actual deja en estado de vulnerabilidad a las comunidades indígenas del TIM II. Además, anunció que autoridades del Tribunal visitarán la zona entre el 7 y 8 de diciembre, aunque no se sabe si este recorrido tendrá impacto directo en el proceso judicial.
Contaminación y expansión de la ilegalidad
La acción legal incluye pruebas técnicas sobre los graves daños al río Madre de Dios, como contaminación por metales pesados, deforestación, grasas y residuos sólidos. Según el CEJIS, la inacción del Estado ha permitido que las operaciones ilegales se fortalezcan. Incluso, dirigentes mineros reconocieron públicamente que salen de sus áreas autorizadas para explotar “oro de arrastre”, lo que evidencia la normalización de prácticas ilícitas.
AJAM impulsa nuevas áreas mineras
Paralelamente, Vargas denunció que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) busca habilitar nuevas áreas de explotación y convocó al TIM II a procesos de consulta. Desde el territorio indígena rechazaron esta iniciativa, argumentando que la AJAM cuenta con información técnica suficiente para verificar sobreposiciones sin ingresar al territorio.
El río como sujeto de derechos
La acción ambiental preventiva abarca 184 kilómetros del río Madre de Dios, considerado sujeto de derechos por los pueblos Tacana, Cavineño y Ese Ejja. El monitoreo indígena identificó al menos diez áreas con autorizaciones transitorias que operan fuera de los espacios permitidos. Para las comunidades, esto no solo significa un daño ambiental, sino una amenaza directa a su identidad y a su forma de vida.
