El subteniente investigado por el presunto homicidio ocurrido en el botadero de Cotapachi participará este jueves en su audiencia cautelar de manera virtual, debido a que permanece internado y a la espera de una nueva cirugía. Su familia confía en que el proceso se lleve a cabo con imparcialidad.

Audiencia desde el hospital

Debido a su estado de salud, el oficial asistirá a la sesión desde el hospital, donde continúa recibiendo atención médica. Las autoridades confirmaron que la audiencia se realizará de forma virtual para garantizar su participación sin poner en riesgo su recuperación.

Relato del subteniente

El subteniente informó que él y tres policías quedaron “acorralados” por cerca de un centenar de comunarios durante un operativo. Aseguró que, pese a los intentos de diálogo y al uso previo de agentes químicos —que ya estaban agotados—, fueron arrastrados colina abajo mientras recibían golpes, pedradas, dinamitas y amenazas.

También denunció que una funcionaria policial fue agredida, incluso después de pedir que se respetara su condición de mujer, lo que incrementó la violencia del enfrentamiento.

Amenaza de linchamiento

El oficial relató que la situación se volvió crítica cuando un comunario apareció con una botella de gasolina y otro gritó: “Échenles gasolina, los quemaremos aquí”. Ante lo que describió como una amenaza real e inminente y sin medios menos letales disponibles, efectuó disparos al suelo y luego a una zona permitida del cuerpo de un manifestante para detener el linchamiento.

Uso legítimo de la fuerza

El subteniente asegura que sus acciones fueron legales, necesarias y proporcionales, en cumplimiento de los manuales institucionales y del principio de uso progresivo de la fuerza. Señaló que, de no haber intervenido, él y sus compañeros habrían sido asesinados o quemados vivos. Así informó: Correo del Sur

El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios, conocido como Fondo Indígena, nació como una conquista histórica para las comunidades indígenas de Bolivia, pero años después se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción estatal, con un desfalco que supera los Bs 1.000 millones según auditorías oficiales.

El origen: una demanda histórica

El 22 de diciembre de 2005, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé promulgó el Decreto Supremo 28571, en respuesta a la demanda de los pueblos indígenas de acceder a los beneficios del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La presión fue liderada por el pueblo guaraní, que reclamaba compensaciones por la explotación de gas en su territorio.

“Tras un enfrentamiento con militares en Santa Cruz, logran que Rodríguez Veltzé les otorgue el 5% del IDH, ampliado luego a todas las regiones campesinas”, explicó el investigador Manuel Morales a Urgente.bo.

El Fondo se estructuró con un directorio multisectorial presidido por el Ministerio de Asuntos Indígenas, seis ministerios y 12 representantes de organizaciones indígenas y campesinas.

El desfalco millonario

En 2015, la Contraloría General del Estado reveló un daño económico acumulado por años de mala administración, proyectos inconclusos y recursos entregados sin control. La exministra Nemesia Achacollo informó ante el Senado que, entre 2006 y 2014, el Fondo recibió Bs 3.197 millones, de los cuales Bs 1.855 millones seguían en cuentas bancarias.

Entre 2010 y 2011 se aprobaron 153 proyectos que no se concluyeron, no presentaron informes de avance y, en muchos casos, no contaban con carpetas técnicas ni evidencia física de las obras. El dinero se desembolsó sin supervisión.

A más de diez años del inicio del caso, la justicia aún no ha cerrado el expediente. Héctor Castellón, abogado de Marco Aramayo —exdirector del Fondo fallecido tras años de detención— señaló que muchos expedientes siguen abiertos:
“Hasta hace unas semanas seguían notificando… incluso pidieron la extinción del proceso por fallecimiento”, indicó.

Reestructuración del Fondo

Tras el escándalo, el gobierno de Evo Morales cerró la institución original. El 26 de agosto de 2015, mediante el Decreto Supremo 2493, se creó el actual Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), una entidad pública descentralizada bajo el Ministerio de Desarrollo Rural.

A diferencia del Fondo original, el FDI no transfiere recursos a organizaciones sociales, sino a municipios, autonomías indígenas y entidades estatales. Además, administra parte de los recursos del IDH destinados a la Renta Dignidad, la educación cívica y el funcionamiento de las Unibol.

El problema vuelve a resurgir

El 4 de diciembre de 2025, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra la exdiputada del MAS Lidia Patty, acusada de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, con un daño investigado de al menos Bs 1 millón.
“Son ocho proyectos con un avance físico del 50%, pero el presupuesto alcanzó el 80%. La beneficiada fue Patty”, explicó el fiscal Miguel Ángel Cardozo.

El 10 de diciembre, el exmandatario y exministro de Economía Luis Arce fue aprehendido. Rafael Quispe, denunciante del caso, lo responsabilizó por permitir transferencias irregulares de recursos del Fondo cuando estaba en el Ministerio de Economía.
“A Lidia Patty le han depositado… eso incluye delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y resoluciones contrarias”, afirmó Quispe.

Dos auditorías sitúan el desfalco total por encima de Bs 1.000 millones, con daños de Bs 200 millones y Bs 150 millones en distintos periodos. Quispe cuestionó la demora judicial:
“El caso es de 2010. Lo denunciamos en 2014. En 2015 ya estaba aprehendida Nemesia Achacollo, pero tardaron diez años en retomar la investigación”. Así informó: Correo del Sur.