Guatemala atraviesa una grave crisis de seguridad tras motines simultáneos en cárceles, ataques atribuidos a pandillas y la muerte de al menos nueve policías, hechos que llevaron al Gobierno de Bernardo Arévalo a decretar estado de sitio por 30 días, en medio de un complejo contexto político nacional.
Motines y ataques coordinados
La crisis se desató el fin de semana con amotinamientos en tres prisiones, donde reos tomaron a custodios como rehenes para exigir mejores condiciones carcelarias. Posteriormente, se registraron ataques armados contra policías, que dejaron al menos nueve efectivos fallecidos y varios heridos, según reportes oficiales.
Estado de sitio por 30 días
Ante la escalada de violencia, el Gobierno ordenó un estado de sitio que permite detenciones sin orden judicial, restricción a la portación de armas, limitaciones a reuniones públicas y manifestaciones, así como operativos policiales ampliados para restablecer el orden.
Control penitenciario y operativos
Las autoridades informaron que lograron retomar el control de las cárceles y realizaron varios allanamientos, con la detención de personas presuntamente vinculadas a los ataques, además de la incautación de armas de fuego, incluidos fusiles.
Señalamientos contra pandillas y liderazgo criminal
El Ministerio de Gobernación atribuyó los motines a la pandilla Barrio 18 y a su líder Aldo Duple Ochoa, alias “El Lobo”, quien exigía ser trasladado de prisión y recibir un mejor trato. El ministro Marco Antonio Villeda aseguró que no se devolverán privilegios ni se negociará con estructuras criminales.
Trasfondo político y año clave
El presidente Bernardo Arévalo sostuvo que los hechos tienen matices políticos desestabilizadores, en un año crucial para el país por la renovación de altas autoridades del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría y el Tribunal Supremo Electoral. Analistas coinciden en que la seguridad se ha convertido en un eje de disputa político-electoral.
